Se cree que la lista negra de amnistía fiscal contiene 300 nombres de cargos públicos

El pasado día 17 de febrero, Santiago Menéndez, el actual director general de la Agencia Tributaria, anunció ante el Congreso que había mandado al Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac) a 705 de los 31.000 nombres de evasores fiscales que se han acogido a la amnistía fiscal como personas sospechosas de blanqueo de dinero.

Entre esos nombre que se enviaron a Sepblac se encontraba el famoso Rodrigo Rato, cuyo caso ha ocupado las portadas de prácticamente todos los medios de comunicación del país. De esta manera, El Confidencial ha publicado que unos 300 de esa cifra son PEP, o lo que es lo mismo, "personas que ocupan o han ocupado cargos públicos cuya retribución no justifica la tenencia de grandes fortunas ocultas a Hacienda", asegura el medio.

Según se comenta, el resto de los sospechosos únicamente de que su dinero regularizado provena de actividades ilícitas o no permitidas. De esta manera, se podría decir que únicamente 300 nombres son cargos públicos, lo que según indica El Confidencial, incluiría a cargos políticos, diplomáticos, jueces, altos funcionarios o fiscales.

Estas personas son declaradas bajo la categoría de 'sospechosas' fundamentalmente porque presentaron una declaración de la renta 'especial' con "dinero no declarado, bien en efectivo en España, bien en cuentas en paraísos fiscales o en países con secreto bancario como Suiza", asegura el medio.

Sin embargo, hay que poner sobre la mesa que estas investigaciones no presuponen el haber cometido un delito. Es más, el medio asegura que, en la gran parte de los casos, el patrimonio proviene de fortunas familiares ocultas fuera de las fronteras de nuestro país y que han heredado. Hay que proceder sin embargo a investigar cada caso debido a que, en algunos, ese excesivo patrimonio es más difícil de justificar, como en el caso del ex vicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato.

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Conviene señalar entonces , qué es el blanqueo de capitales. El Confidencial afirma que "supone la introducción en el circuito económico de dinero procedente de un delito, que puede ser simplemente delito fiscal". Este es un dinero que debería estar inserto en Hacienda y lo posee el propio defraudador, con lo cual al hacer uso de el (invertirlo o gastarlo) también comete otro delito por el blanqueo de dichos capitales.

Ahora bien, si tomamos el caso de la llamada 'amnistía fiscal' que hemos oído tanto en las últimas horas, significa que estos defraudadores estaban protegidos del delito de blanqueo siempre que su único delito previo fuera el fiscal y la regularización "completa y veraz", o lo que es lo mismo, "siempre que se hayan incluido todos los bienes ocultos a Hacienda, sin dejar nada fuera, y se haya pagado la deuda correspondiente por los impuestos no cubiertos por la amnistía", cita el medio.

Si no se hace de esta manera, la Agencia Tributaria puede tomar todo como nulo, lo que conlleva a considerar que no se ha regularizado o declarado nada. En este caso sí que se consideraría delito fiscal y por lo tanto, blanqueo de capitales. "Ése sería el caso de los 300 PEP que ha detectado la Agencia, mientras que los otros 400 sí son sospechosos de que su dinero tiene un origen criminal", adjunta El Confidencial.

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