La tasa de ahorro de los españoles cae a mínimos de dieciséis años

A finales de 2009, un hogar ahorraba de media en España el 13% de su renta. Una cifra que durante la crisis disminuyó paulatinamente por el descenso de los salarios y la incertidumbre del mercado laboral, y que ha continuado cayendo el último lustro tras la implicación de una política monetaria más laxa por por parte del Banco Central Europeo (BCE). La tendencia ha virado hacia un mayor consumo, especialmente en bienes de consumo duradero y de alta implicación, que las familias evitaron durante las 'vacas flacas'. Una mayor confianza en la coyuntura económica y una disminución del número de parados en el país que explican este comportamiento.

La reducida tasa de ahorro se explica mediante una menor incertidumbre en el mercado laboral y una mayor confianza en la economía

El organismo que dirige Luis María Linde advierte que esta cifra debe digerirse con cautela, ya que el nivel de endeudamiento de las familias también es menor, lo que justificó esos altos niveles de ahorro para pagar intereses y préstamos antes de la crisis. Sin embargo, advierte que la liquidez que inunda el sistema está próxima a desaparecer y que los desequilibrios estructurales, como el déficit público o el envejecimiento de la población, presentarán complicaciones en el futuro.

Un buen medidor histórico de la confianza en España es la inversión en vivienda. Aunque el tópico se haya relajado tras la crisis, el español continúa mirando al mercado inmobiliario a la hora de hacer grandes inversiones. El caso es que el gasto en vivienda ha aumentado un 8,3% el pasado ejercicio, casi cuatro puntos básicos sobre la cifra de 2016, y ha desembocado en otro escenario sintomático: las familias necesitan financiación por primera vez desde el segundo trimestre de 2009. Los hogares han dejado de ser prestamistas netos al resto de sectores de la economía, gastan más y ahorran menos.

Y el argumento para fomentar el ahorro es simple. El sistema de pensiones añade cada vez más beneficiarios y menos contribuyentes; no va a dar para todos en el futuro. El BdE calcula que bajo los estándares actuales, el gasto en pensiones avanzaría hasta el 15% del PIB en 2050, un escenario con sólo dos soluciones, reducir la tasa de sustitución y confiar en un mecanismo de revalorización que asegure la sostenibilidad del sistema. Y no confirma que sea el IPC.

UNA CUESTIÓN DE FORMACIÓN

BBVA Research aboga por mejorar los canales de información frente a la ciudadanía para incentivar el ahorro. Especialmente entre los más jóvenes. Y es que las últimas medidas del Gobierno, como la reforma fiscal de 2014 para mejorar la liquidez de planes y fondos de pensiones, no ha surgido apenas efecto en el segmento más joven. Trabajadores que se decantan principalmente por otros productos con mayor rentabilidad, o simplemente ven el momento de jubilarse demasiado lejos como para empezar a ahorrar.

BBVA Research afirma que es "imprescindible"informar a la población de la situación, pero el coste político de hacerlo continúa siendo alto

El problema es que nadie quiere pagar el pato. El sistema de pensiones es uno de los pilares fundamentales del Estado de Bienestar en España, y son millones los ciudadanos que lo consideran un derecho. El Banco de España reconoce que "la fragmentación parlamentaria está dificultando la puesta en marcha de medidas legislativas de calado", como la entrada en vigor del 'Factor de Sostenibilidad' o eliminar el IPC como referencia de revalorización. El ejemplo más claro se ve estos días en el Cogreso, la sensibilidad del tema le ha costado los Presupuestos al Partido Popular.

RIESGOS DE FOMENTAR EL AHORRO

El banco de inversión alemán Berenberg coincide en fomentar el ahorro como principal solución de los desvíos presupuestarios que genera el pago de pensiones en las principales economías mundiales. Sin embargo, también se detiene a explorar los riesgos y limitaciones que genera este escenario.

Por definición, un mayor ahorro supone un menor consumo y un menor apalancamiento en el sector privado. Un fenómeno que generará presiones deflacionistas, y precisará de más largas y concesivas políticas monetarias, con los riesgos que ello supone. Además, los analistas apuestan por un desvío de las bases impositivas de la renta y el gasto, hacia los activos y capitales de las familias.