El 60% de los propietarios cree que la Ley de Vivienda paralizaría la oferta de alquileres
Más de la mitad considera que el Estado debería intervenir en el control de vivienda pública
El borrador de la Ley de Vivienda está trayendo muchos quebraderos de cabeza a los tenedores de viviendas en alquiler, y más de la mitad (60%) creen que las nuevas medidas de intervencionismo del Estado podrían afectar negativamente a la oferta. Actualmente, más de un 70% de los propietarios se encarga de todos los trámites y procedimientos, y ante la expectativa de crecimiento en el sector, hay que dotarles de una mayor profesionalización.
Seis de cada diez arrendadores consideran que el Estado únicamente debería intervenir en el control del alquiler de vivienda pública, según el informe 'Radiografía del arrendador en España', realizado por Fotocasa y la Agencia Negociadora del Alquiler (ANA). A este respecto, el mismo porcentaje de los encuestados afirma que la ley de vivienda, que está en proceso de elaboración, frenaría la oferta de vivienda en alquiler ante la situación actual de necesidad de aumentar el parque.
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Sin embargo, muchos de ellos estarían a favor de un mayor control del Estado en el sector, siempre y cuando se introdujeran una serie de medidas. En este caso, dos tercios aceptarían incentivos fiscales; tres cuartos darían el visto bueno siempre y cuando se agilizaran los desahucios; un 73% pide que puedan consultar los antecedentes de impagos de los inquilinos; y un 72% aprobaría un mayor intervencionismo estatal si aumentaran las garantías de los inquilinos.
Respecto a si estarían a favor de congelar las rentas, los porcentajes anteriores se reducen considerablemente hasta casi la mitad de los arrendadores y un 42% bajaría los precios con el control de los alquileres.
José Ramón Zurdo, director general de la ANA, valora que "la Ley de Vivienda que está preparando el Gobierno, si quiere ser justa y equitativa, tiene que incorporar necesariamente las opiniones de los propietarios particulares recogidas en este amplio estudio". "Las respuestas son claras. Deben ser tenidas en cuenta por el legislador, es una forma de equilibrar la ley", añade.
En cuanto a la paralización de los desahucios durante la pandemia, el 68% de los tenedores de viviendas en alquiler considera que provoca inseguridad de cara a los inversores, y más del 60% cree que medidas como esta aumentan la inseguridad jurídica. Además, la mayoría piensa que el decreto facilita la usurpación de bienes inmuebles, y más de 6 de cada 10 propietarios opinan que es un paso más hacia la protección de la ocupación ilegal que genera graves problemas sociales y económicos.
PREOCUPACIONES DE LOS PROPIETARIOS
Uno de los temas más controvertidos es sin duda la posibilidad de que se apruebe la expropiación de viviendas vacías que, para casi un 70% de los arrendadores, supondría un ataque a los derechos fundamentales. Asimismo, un 80% estima que el Gobierno debería aumentar la seguridad jurídica al respecto, y casi dos tercios de los encuestados afirma que esta medida desincentivaría la tenencia y puesta en alquiler.
No obstante, de darse el caso de que finalmente saliera adelante, un 76% considera que sería beneficioso incentivar fiscalmente y se debería, paralelamente, fomentar la construcción de un parque público de viviendas.
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Según Zurdo, los propietarios "tienen arraigado el derecho a la propiedad, y por eso están en contra de la incapacidad de la administración pública para ofrecer viviendas sociales". Respecto a esta medida, valora que "muchos entienden que esto es una invitación a la ocupación de viviendas".
Por otro lado, hay otra serie de preocupaciones que atañen a los tenedores, y son muchos los que temen por el estado de la vivienda al finalizar el contrato de alquiler, de la misma forma que sienten que hay una cierta desprotección jurídica y que se debería contar con el apoyo de la administración.
En esta línea, un 77% reconoce que es selectivo a la hora de elegir a los inquilinos ante problemas en el futuro, y tres cuartos sostienen que tienen menos derechos que los inquilinos en caso de impago. "Los propietarios señalan los impagos y los destrozos en viviendas arrendadas. Problemas que si se resolvieran aumentaría la oferta de viviendas, y si se agilizaran los desahucios, bajaría el precio de los alquileres", explica el director de la ANA.
MEDIDAS PARA BAJAR PRECIOS
La regulación de la vivienda de alquiler, entendida a la vez como propiedad, como derecho y como bien de mercado, siempre ha sido un tema de debate. Para el 62% de los encuestados, los precios del alquiler todavía están muy altos. Un factor que creen que se podía resolver a través de la agilización de los desahucios y del aumento de la oferta pública de vivienda.
Zurdo apunta a la "falta de incentivos fiscales" como otra de las razones por las que el precio del alquiler es todavía elevado. En cambio, los propietarios son más reacios a las medidas más intervencionistas contempladas en el decreto-ley.
Otro de los factores condicionantes es el alquiler de pisos turísticos, que suponen el 18% del total del parque del alquiler. Para Zurdo, este es un "sector afectado por la pandemia", y como el "alquiler tradicional es más estable en el tiempo, el 64% que alquilaba vivienda turística se ha pasado al arrendamiento normal". Así, "ha aumentado la oferta de vivienda y los precios están bajando", concluye.
