El juez autoriza la venta del Córdoba CF a la única oferta presentada por tres millones de euros

Según se recoge en un auto judicial, fechado en esta jornada y facilitado por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), la presente resolución "es una autorización, no es una obligación, no es una adjudicación de una subasta judicial, no se está liquidando nada", sino que "se autoriza a la administración concursal a que culmine el proceso de venta si lo estima oportuno".

En este sentido, el juez explica que "desde este momento la administración concursal está habilitada para culminar la venta, pero no obligada a hacerlo".

Al respecto, la única oferta presentada "incluye el uso en la situación jurídica que se encuentre dicho uso del estadio municipal de El Arcángel, así como el derecho a seguir participando en la actual competición, siempre que se cumplan con los requisitos económicos que la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) exige al resto del clubes que militan en la misma categoría".

Cabe recordar que a mediados de este mes la administración concursal solicitó autorización para la venta de distintos bienes de la entidad, todos ellos en forma de adquisición de unidad productiva.

El togado exponía que "hay que actuar con máxima celeridad, determinación y contundencia, máxime en la situación en la que se encuentra el Córdoba CF, que como es igualmente conocido, en el mes de diciembre, en unos pocos días, necesita abonar los atrasos, dos meses ya, para evitar la consecuencia" de la desaparición, mencionando para ello el caso del Reus Deportivo.

Asimismo, destacaba que "la operación que se plantea básicamente consiste en conseguir que el club siga compitiendo con el suficiente sustento financiero y atendiendo sus obligaciones".

Por tanto, el magistrado señalaba que la oferta "debe tramitarse de manera urgente y debe valorarse muy mucho quién y cómo se hace la oferta", dado que la situación del club es "absolutamente dramática".

En concreto, indicaba que "la deuda actual del club es incluso superior a la que tenía cuando entró en proceso concursal en el año 2011, algo complicado de explicar si se atiende a que el club ha permanecido un año en Primera División y el resto en segunda, donde los ingresos sobre todo de derechos televisivos son muy importantes, fundamentalmente en la máxima categoría".

Junto a ello, y si cabe "aún más relevante", apuntaba al hecho de "la falta de liquidez del club, que apenas cuenta con unos pocos miles de euros, algo insignificante, lo cual ha provocado no sólo el ya conocido impago de la plantilla profesional, sino, como se puede ir observando, la bochornosa situación de las instalaciones de entreno, sin fluido eléctrico y que ha obligado al peregrinaje de los equipos de fútbol base".

Igualmente, calificaba como "lacerante" la situación, por ejemplo, del equipo femenino, "que de forma heróica y digna de admiración, están llevando a cabo una campaña sobresaliente en unas condiciones igualmente penosas", a lo que añadía que "existen incluso serios problemas para los desplazamientos de los distintos equipos", de modo que "la situación es límite".

A todo lo expuesto, recomendaba que "debe valorarse que la plantilla profesional sin duda necesita de estabilidad para poder competir en condiciones óptimas", al tiempo que precisaba que "por mucho corazón y cariño que se tenga al club, los jugadores viven de su trabajo y sus familias comen del mismo, y es lógico que ya a día de hoy puedan estar planteándose abandonar el club, con el daño que ello podría provocar".

En definitiva, el juez de lo Mercantil subrayaba el día 18 de este mes que "sólo la contundencia, celeridad y claridad permiten que este tipo de operaciones lleguen a buen fin". Como ejemplo "de manual", en el que "se puede observar todo lo que puede ocurrir y lo que se debe evitar", es el caso de Laboratorios Pérez Giménez.

UNA OFERTA "SERIA"

En este caso, el magistrado explicaba que la oferta que se presenta "cumple con esa necesaria seriedad", de hecho valoraba que ya se ha transferido a la cuenta del juzgado el precio de la oferta, en total tres millones de euros. "No estamos ante un oferente que dice que quiere comprar y ofrece 'x' dinero, es un oferente, que demuestra que quiere comprar y pone el dinero encima de la mesa, y esto es absolutamente relevante", apostillaba.

Por otro lado, precisaba que "el oferente presenta un proyecto societario y deportivo ciertamente atractivo", dado que "se cuenta con personas de Córdoba de distintos sectores, profesionales reconocidos y que ofrecen por tanto la presencia de cordobeses".

En este sentido, comentaba que "obviamente nadie hace una inversión de tres millones de euros en un club de Segunda B si no pretende al menos llevar al mismo al fútbol profesional; lo contrario sería tirar el dinero, porque en esta categoría los ingresos son mínimos, y así, de hecho, sin ir más lejos, la nueva propiedad del club tendrá que abonar, como mínimo unos dos millones de euros más --ya serían cinco en total-- para acabar la temporada, eso sin contar con la pretendida actuación en el mercado de invierno de fichajes si se considera oportuno".

CONCURSO VOLUNTARIO

En otro orden de cosas, el juez emitió otro auto dicho día 18 en el que declaraba en concurso voluntario a la entidad, que se tramitará por los cauces ordinarios. El deudor quedará sustituido en todas sus facultades desde este momento, siendo la administración concursal designada la que ostente la gestión, control y representación de la sociedad a todos los efectos. Así, se nombra administrador del concurso a Francisco Estepa Domínguez.

La entidad solicitante es "el club deportivo más representativo de la ciudad, si se atiende a su historia y a la masa social que mueve", si bien desde hace una semana "se ha visto sometida a una intervención judicial a consecuencia de la investigación llevada cabo en relación a las posibles actuaciones delictivas del máximo accionista actual del club --a través de la sociedad propia tenedoras de las acciones--".

Precisamente, fue sustituido en sus funciones de Presidencia del club, junto con el resto de órganos sociales, como medida cautelar adoptada por el Juzgado de Instrucción número 5 de Córdoba, donde se siguen las actuaciones de investigación, sobre "la posible comisión de varias figuras delictivas", como supuesta apropiación indebida, administración desleal, corrupción y blanqueo de capitales.