El presidente de UBS afirma que se negó a pagar el bonus de Orcel si se iba al Santander

Así lo ha declarado durante la segunda parte del juicio contra Banco Santander por dar marcha atrás en el nombramiento del italiano como 'número dos' del banco.

El ya consejero delegado de UniCredit exige al Santander un total de 76 millones de euros: 17 millones de prima de incorporación, 29 millones por la parte del bonus diferido que estaba pendiente de percibir en UBS y que Santander podía haber asumido ('buy out'), 20 millones correspondientes al sueldo que iba a cobrar en Santander durante dos años y 10 millones de euros por daños morales y reputacionales.

Fue precisamente la negativa de UBS de asumir parte de ese bonus diferido lo que llevó a Santander a renunciar al fichaje de Orcel en enero de 2019, cuatro meses después de anunciarlo.

JUICIO POR TELECONFERENCIA

Weber ha testificado por videoconferencia, como también lo ha hecho el exdirector de compensaciones de UBS, Mark Shelton. Ambos han explicado que UBS se negó desde el principio a pagar a Orcel dicha retribución diferida y que así lo ratificó el consejo de administración de la entidad suiza, en línea con las políticas internas de la entidad.

Llamado a testificar por Orcel, quien ha acudido personalmente a los Juzgados de Plaza Castilla para presenciar la sesión, también ha declarado el exdirector de Recursos Humanos de Banco Santander, Roberto Di Bernardini.

Di Bernardini, quien estuvo en contacto con Orcel durante las negociaciones, ha afirmado que el italiano transmitió al banco que esperaba conseguir que UBS asumiese gran parte del bonus, lo que habría llevado al Santander a entender que la posición de UBS no era inamovible.

Esta versión también ha sido respaldada por el cuarto testigo del caso, el secretario general y del consejo del Santander, Jaime Pérez Renovales, y está en línea con la declaración que hizo el pasado mes de mayo la presidenta del banco español.

Así, el banco tenía la esperanza, generada por Orcel, de que UBS asumiría una parte importante de sus incentivos a largo plazo y que, por tanto, los costes de compensación a cargo del banco serían menores. Al no ser así, Santander dio marcha atrás en el nombramiento.

CARTA DE OFERTA, ¿UN CONTRATO VÁLIDO?

Pérez Renovales también ha incidido durante su testifical en el eje sobre el que gira el caso: la supuesta validez contractual de la carta de oferta enviada a Orcel en septiembre de 2018.

El testigo ha negado que la carta de oferta fuese un contrato válido, pues no llegó a perfeccionarse, precisamente, porque estaba pendiente de la negociación y acuerdo sobre la retribución final que percibiría Orcel.

Desde el banco defienden también que el contrato estaba sujeto a la aprobación del consejo de administración, de la junta de accionistas y de la evaluación de idoneidad del BCE.

Después de casi cinco horas de vista judicial, el magistrado Javier Sánchez Beltrán ha pedido a las partes que remitan sus conclusiones finales por escrito y ha dejado el juicio visto para sentencia.