Andalucía pide por carta a Montero la convocatoria del CPFF y dice que las entregas a cuenta son "un imperativo legal"
SEVILLA, 2 (EUROPA PRESS)
El consejero de Hacienda, Industria y Energía, Juan Bravo, ha remitido en la tarde de este lunes una carta a la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, para la solicitud de "la convocatoria y celebración urgente" del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) y argumenta que las entregas a cuenta del modelo de financiación del ejercicio 2019, frente al pronunciamiento del informe 1386/2019 de la Abogacía del Estado, son "un imperativo legal al Gobierno central, sea en funciones o no" y estima que ese ejercicio de actualización de las cantidades "no es una decisión discrecional del Gobierno".
En la carta, de una extensión de cinco páginas, a la que ha tenido acceso Europa Press, el consejero de Hacienda la presenta como "ejecución del mandato" inherente a la reunión del Consejo de Gobierno del 29 de agosto sobre las gestiones encomendadas a él en relación a los ingresos de la Comunidad Autónoma, y sostiene que "no hay precepto legal que establezca una prórroga automática de las entregas a cuenta" por cuanto considera que éstas "no se entienden sin su vertiente dinámica".
Bravo apuesta como "solución jurídica apropiada" en el contexto de un Gobierno en funciones por que las nuevas entregas a cuenta se acuerden "mediante la actualización de las que actualmente se vienen satisfaciendo".
Bravo, dentro de la prolija argumentación que maneja en referencia a las entregas a cuenta en su carta a María Jesús Montero, indica que "la propia forma jurídica que revisten las entregas a cuenta, una mera comunicación ministerial, no es sino la expresión misma del despacho de asuntos ordinarios".
El consejero de Hacienda afirma, en relación a la participación de las comunidades en los ingresos del Estado, que "la determinación de su importe sigue una metodología legal y objetiva, exenta de cualquier discrecionalidad política y basada en estimaciones técnicas que han sido convenientemente autorizadas y publicadas".
Bravo apela "al interés general" para la convocatoria de la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, órgano al que describe como "cauce natural para el debate de un tema tan transcendente".
El responsable de la hacienda autonómica recuerda en su misiva a María Jesús Montero los números que ha hecho públicos el Gobierno andaluz, por lo que cifra "un menoscabo" de los ingresos presupuestarios de Andalucía de 1.350 millones de euros", que deriva de "la falta de cumplimiento" de la normativa reguladora del régimen de financiación.
Infrafinanciación de Andalucía que lleva a Bravo a concluir que "hay un riesgo serio para el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria", pero sus consecuencias las extiende más allá cuando argumenta que "pueden poner en riesgo las políticas sociales que se prestan por la Comunidad".
El consejero de Hacienda, que incluye en su carta una relación de hitos que retratan el escenario, asegura que el cálculo del volumen de entregas a cuenta para Andalucía en el ejercicio 2019, según "las previsiones macroeconómicas y la evolución prevista de diferentes figuras impositivas" son 19.233,44 millones de euros, una cantidad que difiere en "837,10 millones de los 18.386,34 millones comunicados por el Ministerio de Hacienda, calculados en base a la Ley de Presupuestos General del Estado de 2018, apartándose de la regla de cálculo establecida por el artículo 11.2 de la Ley 22/2019", en referencia al proyecto de Presupuestos que presentó el Gobierno de Pedro Sánchez en enero de 2019 y que rechazó el Congreso en febrero.
Bravo ha explicado que la Junta de Andalucía ha hecho sus cálculos de las entregas a cuenta para la Ley 3/2019 de Presupuestos de Andalucía de 2019 "aplicando modelos econométricos consolidados e incluyendo la compensación por la neutralización de la implantación del Suministro Inmediato de Información (SII) del IVA en el año 2017, año que no debe olvidarse ha sido liquidado definitivamente en julio de 2019".
En este sentido, el consejero de Hacienda señala que en julio de 2019 se ha recibido "la liquidación definitiva del ejercicio 2017" por diferentes impuestos y fondos del sistema de financiación y que en ésta se ha omitido "una mensualidad de la cuantía recaudada en concepto de Impuesto sobre el Valor Añadido, correspondiente a dicho ejercicio, dando lugar a una financiación inferior en 513,30 millones a la realmente obtenida".
Bravo considera que el argumento de las limitaciones legales de un Gobierno en funciones "debe entenderse en el ámbito presupuestario del gasto", apartado que estima es donde se proyecta "el programa de gobierno", pero rechaza que esa atadura jurídica pueda alcanzar a "la determinación y distribución de las entregas a cuentas, que es una obligación ex lege".