El socio de Villarejo visitó BBVA en 2004 y se le contrató para evitar "conductas desleales"

De acuerdo con Corrochano, que añade que el contrato con Cenyt impedía actividades ilegales

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Bolsamania | 25 feb, 2020

Actualizado : 09:45

BBVA

13:34 24/12/24

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Julio Corrochano, quien fuera responsable de Seguridad de BBVA y al que se apunta como enlace entre el banco y José Manuel Villarejo, remitió al banco en junio de 2018, apenas dos meses después de su jubilación, unas notas manuscritas sobre la contratación de Grupo Cenyt en las que se desvela que el socio del excomisario, Rafael Redondo, visitó las instalaciones de la entidad en 2004, justo antes de que la firma fuera contratada para, presuntamente, realizar espionajes a empresarios, autoridades y periodistas.

Redondo, abogado de profesión, es el socio de Villarejo y está imputado junto a él en la causa penal que investiga sus actividades, el caso Tándem. Entre ellas, las relacionadas con BBVA, a las que el juez dedica una pieza entera. De hecho, este proceso judicial llevó a Redondo a prisión preventiva, en la que se mantuvo durante casi un año y solo pudo abandonarla tras abonar 100.000 euros de fianza.

Pero en 2004 sus tareas se centraban en Grupo Cenyt, la empresa de Villarejo, para la que gestionó contratos con BBVA durante trece años. La relación comenzó poco después de esa visita a BBVA, cuando su empresa fue contratada para prestar “asesoramiento continuo y sostenido de acuerdo a su singular especialización en metodología de análisis de información”, así como para evitar “fugas de información”, según se desprende del sumario del caso, al que ha tenido acceso Bolsamanía.

Corrochano explicó esta situación a través de unas notas manuscritas que facilitó a la entidad después de que Inés Díaz Ochagavía, su sucesora al frente del departamento de Seguridad de BBVA y también imputada en la causa penal, le solicitara una explicación sobre en qué habían consistido las contrataciones a Grupo Cenyt. Él remitió sus respuestas en junio de 2018.

“Año 2004. Rafael Redondo Rodríguez visita las instalaciones del departamento de Seguridad del Grupo BBVA al objeto de preventa a su empresa especializada en gestión de crisis y gestión de riesgos”, afirma Corrochano en sus explicaciones enviadas al banco.

En las mismas, Corrochano apunta que la firma tenía que analizar “determinadas áreas específicas” con “auditorías de seguridad, así como control integral por anomalías funcionales, uso inadecuado de acceso a sistemas, fugas de información, conductas desleales”.

Redondo era el contacto de Cenyt con el que se relacionaba el banco, como pone de manifiesto el hecho de que Antonio Béjar, expresidente de Distrito Castellana Norte y exdirectivo de BBVA, destituido de ambos cargos en el marco de este proceso judicial, entregaba directamente a Redondo los informes que encargaba a Cenyt, según se desprende del sumario.

COMPROMISO DE ACTUAL LEGALMENTE

Las explicaciones manuscritas de Corrochano incluyen, además, una salvaguarda de la responsabilidad del banco en relación con la actividad presuntamente delictiva de Villarejo. Concretamente, indica que el contrato recogía “expresamente” la obligación de Grupo Cenyt de “denunciar urgentemente a las autoridades judiciales cualquier incidencia referida a conductas personales de las que pudiera derivarse responsabilidad de cualquier tipo”.

“Asimismo, comprometiéndose a actuar dentro de la más estricta legalidad vigente”, añadía el expolicía en sus comentarios sobre la contratación de Grupo Cenyt remitidos a BBVA.

El primer contrato con la empresa de Villarejo, el relacionado con los presuntos espionajes a personajes relevantes del intento de asalto de Sacyr al consejo de administración del banco, terminó en 2005 con ambas partes de acuerdo por “el alto grado de eficacia recibido por la empresa referida”, en palabras de Corrochano.

En todo caso, de los contratos ya no queda rastro dado que, como confiesa el propio Corrochano a lo largo de sus declaraciones recogidas en el sumario, él mismo los destruyó por “confidencialidad”. Eso los que llegaron a forjarse por escrito, pues otros, como el de Ausbanc, se sellaron verbalmente, también por motivos de “alta confidencialidad”.

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