La huelga indefinida de los funcionarios de Justicia sigue pese al adelanto electoral

La huelga indefinida del personal funcionario continúa en Justicia pese al adelanto electoral. El comité de huelga exige al Ministerio que no utilice el anuncio realizado por el presidente del Gobierno para escabullirse de su responsabilidad. "La LOEO y el resto de leyes de eficiencia pendientes de tramitación en el Congreso decaerán con la publicación del decreto de disolución de las cámaras, pero todavía existe un punto de nuestras reivindicaciones que el Ministerio de Justicia, y el Gobierno en general, no pueden obviar", dicen.

Además, piden al presidente del Gobierno "que intervenga en el conflicto obligando a sus ministras a que se sienten a negociar y a buscar un acuerdo que permita satisfacer a ambas partes y poner fin a la huelga indefinida".

Como explican en un comunicado, después del acuerdo con letrados y jueces y fiscales, "existe un clamor unánime de dignidad profesional del personal de Justicia, que tiene que ver con las funciones que realmente ser realizan en las oficinas judiciales y que no se cobran. Estas funciones, sin duda, no se van a realizar más si no hay ese reconocimiento legal y retributivo lo que va a derivar en mayores retrasos en la Administración de Justicia".

Piden convocar una reunión con un calendario de negociación que permita una solución acordada a este conflicto. Mientras tanto, el Comité de huelga hace un llamamiento al personal de Justicia para que mantenga las medidas de presión que se convoquen por el comité de huelga o por los sindicatos convocantes a nivel local y la huelga indefinida como la máxima expresión de las mismas.

Ante esto, el comité de huelga quiere dejar constancia de lo siguiente. "Desde el 24 de enero de este año, el Gobierno de España debería haber previsto la posibilidad de que hubiera un conflicto generalizado en Justicia a partir de la huelga llevada a cabo por los Letrados/as de la Administración de Justicia y su posterior acuerdo. Al menos el Ministerio de Justicia era conocedor de que el conflicto era muy probable".

"Lejos de intentar solventar el conflicto de una forma global, el Gobierno de España decidió abordar los conflictos de forma separada: primero, el de los Letrados/as de la Administración de Justicia; luego, anticipando las reuniones con las asociaciones de jueces y fiscales al conflicto planteado de forma efectiva por los cuerpos generales y especiales de la Administración de Justicia".

"Como resultado de esta “estrategia”, la propia ministra de Justicia y sus colegas, así como otros cargos del Ministerio, orgánicos o asesores, de los Cuerpos de Letrados de la Administración de Justicia, Jueces y Fiscales han visto subidas sus retribuciones para cuando tengan que regresar a sus puestos de trabajo".

"Mientras tanto, el conflicto del resto del personal de Justicia, el que menos cobra y que más trabajadores/as aporta al funcionamiento de este servicio público esencial ha quedado postergado intencionadamente por el Ministerio de Justicia, sin que hasta ahora tengamos todavía fecha y hora para la primera reunión que pueda poner fin al conflicto de forma dialogada tras más de un mes de huelgas".

SOLICITAN A SÁNCHEZ Y DÍAZ SU INTERVENCIÓN

CCOO y el resto de sindicatos han puesto de manifiesto al presidente y a la vicepresidenta que la ministra y el secretario de Estado de Justicia, "en lugar de reunirse con los sindicatos convocantes de la huelga para intentar encontrar una solución negociada al conflicto, han adoptado una actitud de falta de diálogo y negociación y de total desprecio a sus funcionarios y funcionarias, desentendiéndose del problema. Además, no han convocado al comité de huelga desde el pasado día 24 de abril, con lo que han consentido de forma intencionada el gravísimo perjuicio que se está produciendo a la ciudadanía con el retraso y paralización de centenares de miles de actuaciones judiciales".

El comité de huelga señala que "con su incomprensible e inaceptable actitud, el Ministerio de Justicia ha lanzado el mensaje de que el servicio público de Justicia funciona solo por las élites, por el trabajo de letrados, jueces y fiscales, ninguneando la profesionalidad del resto, que conformamos el 80% del empleo público de esta administración, realizando funciones por encima de las que tenemos encomendadas legalmente y por las que son retribuidos quienes deberían de realizarlas".

Por todo ello, les han exigido a ambos su intervención como presidente y vicepresidenta del Gobierno, "para que ordenen a su Ministerio de Justicia el inicio inmediato de las negociaciones con este comité de huelga, demostrando así su capacidad de atender con eficacia lo que se espera del Gobierno: que los servicios públicos de su dependencia funcionen de forma eficaz y que los trabajadores y las trabajadoras públicas que los atienden sean tratados con equidad, respeto y sin clasismo ni discriminación".