IU ve inconstitucional el decreto sobre competencias digitales y acusa al Gobierno de "azuzar" la crisis catalana
MADRID, 7 (EUROPA PRESS)
Izquierda Unida, a través de su responsable federal de Justicia e Interior, Enrique Santiago, ha tachado de "inconstitucional" el decreto ley de seguridad digital y ha acusado al Gobierno en funciones de "imponer" esas medidas en plena campaña electoral para "azuzar" la crisis catalana.
Para la formación que lidera Alberto Garzón, esta medida supone una "flagrante limitación de derechos fundamentales". "Le decimos a este Gobierno en funciones, como haríamos con cualquiera que se diga democrático, que los derechos y libertades deben ser preservados, mucho más en situaciones de conflicto político", ha señalado Santiago.
A su juicio, son estas "restricciones irresponsables" las que, precisamente, "agudizan los conflictos y deslegitiman a quienes las aprueban".
"El Gobierno en funciones de Sánchez ha dado otro paso para limitar derechos fundamentales en plena campaña electoral, azuzando la crisis catalana con fines exclusivamente electorales e ignorando principios básicos de una democracia, entre ellos la separación de poderes", ha declarado el también secretario general del PCE.
A través de un comunicado, recogido por Europa Press, IU muestra su "especial preocupación" por esta iniciativa del Gobierno que "otorga la competencia para acordar la gestión directa o la intervención de las redes y servicios de comunicaciones electrónicas en supuestos que considere que afectan al orden público, la seguridad pública y la seguridad nacional".
UN DECRETO ACORDADO 'EN CALIENTE'
Para Santiago, "no cabe duda de la inconstitucionalidad de esta medida" ya que, según ha explicado, "esas competencias corresponden a los jueces salvo que previamente el Parlamento acuerde un estado de alarma, excepción o sitio". El dirigente de IU denuncia que el Ejecutivo está "pasando por encima de las funciones propias del Poder Judicial y del Congreso de los Diputados".
Del mismo modo, cree que este texto se ha acordado "en caliente", "utilizando la situación en Cataluña como excusa para limitar los derechos fundamentales de todas las personas que residen en todos los territorios de España". "La búsqueda de réditos electorales se impone a la defensa de los derechos democráticos fundamentales", apunta.