FJI/Precarios denuncia que los investigadores postdoctorales no se podrán beneficiar de la subida salarial del 2%
Considera "paradójico" que los predoctorales, con titulación máxima de Máster, sí se beneficien porque tienen su propio Estatuto
MADRID, 13 (EUROPA PRESS)
La Federación de Jóvenes Investigadores (FJI/Precarios) denuncia que la mayoría de los investigadores postdoctorales no podrán beneficiarse de la subida salarial del 2% a los empleados públicos.
Según indica la Federación, el sueldo de los postdoctorales no se actualizará porque no existe en el convenio colectivo del personal laboral de la Administración General del Estado (AGE) una categoría que requiera la titulación de doctor, sino que la categoría más alta corresponde al título de Máster (M3).
"Es por esta razón que no se puede hacer una equivalencia directa a un salario de doctor sobre el que calcular el salario mínimo de los postdoctorales", explican desde la FJI/Precarios, que considera su situación de "indefensión", al no tener estatuto propio ni convenio laboral específico, y al sufrir una "pérdida importante" de poder adquisitivo desde hace más de una década.
Por el contrario, la Federación celebra que los investigadores predoctorales sí se beneficien de esta subida salarial del 2%, lo que califica de "paradójico".
Y es que, según expone FJI/Precarios, el nuevo Estatuto del Personal Investigador Predoctoral en Formación (EPIPF) permite, por primera vez, que estos investigadores se beneficien de esta subida salarial, ya que sus retribuciones mínimas se calculan ahora sobre la base del Grupo M3 (Máster o equivalente) del nuevo convenio colectivo del personal laboral de la AGE.
"Precisamente, desde la aprobación de este Estatuto se está dando una curiosa situación: actualmente, el sueldo de un investigador disminuye cuando pasa de ser predoctoral a ser postdoctoral con una ayuda Juan de la Cierva-Formación", critica la Federación.
Para la FJI/Precarios esta situación "ilógica" implica que no se esté valorando salarialmente la mayor formación y experiencia, lo cual "es nefasto para el mantenimiento de un sistema español de ciencia, ya que esta falta de competitividad en los salarios disminuye la atracción de talento internacional".
MEDIDAS
Por ello, exigen al Gobierno que solucione esta situación "injusta", empezando por las convocatorias de todas las ayudas para contratos postdoctorales del Ministerio de Ciencia e Innovación.
Según exponen desde la Federación, "el salario mínimo de estas convocatorias, que lleva congelado desde 2011, muchas veces es el máximo que se cobra, ya que muchos centros no respetan el artículo 22.1.d de la Ley de Ciencia, en el que se establece que su retribución no podrá ser inferior a la que corresponda al personal investigador que realice actividades análogas".
"Esto provoca que ese salario pierda cada año poder adquisitivo, ya que no está ligado, a diferencia del de sus compañeros predoctorales, a un convenio que se actualice periódicamente como el de la AGE", agregan.
Así, solicitan que se lleve a cabo un convenio sectorial (estatal) para el personal investigador no estabilizado que asegure mejoras salariales sin pérdida de poder adquisitivo y otros derechos (como la posibilidad de percibir complementos como sexenios y quinquenios, por ejemplo).
Hasta que se lleve a cabo este convenio sectorial, piden que el salario de los investigadores postdoctorales sea similar en cuanto a poder adquisitivo a los niveles de 2005. "Esto supondría que el salario sea como mínimo el 100% del grupo M3 de la Administración General del Estado (el que establece para los puestos que requieren estudios de Máster), al que habría que sumar el porcentaje de poder adquisitivo perdido en estos últimos años para investigadores Juan de la Cierva, Ramón y Cajal y demás personal que tiene su salario mínimo congelado desde 2011", explican.
Tal reivindicación supone, según la Federación, un incremento conjunto para los tres programas (Juan de la Cierva Formación, Incorporación y Ramón y Cajal) de 20 millones de euros.
Igualmente, la FJI/Precarios reclama la elaboración urgente de un Estatuto del Personal de Investigación en el que se recojan todos estos derechos y que incluya en él a investigadores, gestores y técnicos de laboratorio, en el que se establezcan sus salarios mínimos.