El Síndic de Greuges detecta "maltrato institucional" en la acogida de menores migrantes

Pide fomentar la acogida familiar y reclama corresponsabilidad al Estado y ayuntamientos

BARCELONA, 28 (EUROPA PRESS)

El Síndic de Greuges detecta situaciones de "maltrato institucional en la acogida" a menores migrantes no acompañados en Cataluña, por lo que pide un cambio estructural en el sistema de protección y corresponsabilización del Estado, las administraciones locales y todas las consellerias del Govern, en un informe que ha entregado este viernes al Parlament.

En rueda de prensa este viernes, el síndic Rafael Ribó ha reconocido el esfuerzo de la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGaia) de la Generalitat, que ha evitado que los niños estén "completamente desatendidos", pero urge a un plan integral y transversal de contingencia a corto plazo, con medidas como promover la acogida familiar y el retorno voluntario.

La adjunta por la defensa de la Infancia, Maria Jesús Larios, ha afirmado que "la Dgaia no puede asumir sola" esta presión, que puede subir a 6.000 llegadas en 2019, y ha pedido al Gobierno central que fomente la cooperación entre comunidades autónomas y con el país de origen, y a las administraciones locales --con competencias en servicios sociales-- pongan recursos a disposición del Govern.

"El sistema de protección ha pasado a duplicar los recursos residenciales para atender esta ola que ha llegado a Cataluña, pero no es suficiente darles una primera acogida", sino que es necesaria atención en salud y educación, así como acompañamiento en la mayoría de edad, ámbitos que actualmente no ven garantizados y que requieren una mayor inversión.

El asesor Bernat Albaigés ha destacado que un estudio de la Dgaia resaltó que un 30% de los menores tenía conocidos o familiares en otras partes del Estado, ante lo que Larios ha destacado la adecuación de la acogida: "En el sistema está muy poco presente la acogida familiar, no llega al 1% [en menores migrantes], y todavía tenemos margen para fomentarla".

El informe ha detectado "faltas en estándares de calidad en centros de primera acogida", así como dificultad para regularizar la situación administrativa de estos jóvenes, con retrasos que sobrepasan el máximo de nueve meses para la residencia que indica la ley, y que afectan a la posterior ayuda a los extutelados.

Larios ha observado falta de garantías en el procedimiento de determinación de la edad, con márgenes de errores significativos y problemas como que se ha considerado indocumentados jóvenes con pasaportes que no han sido declarados inválidos, e invalidaciones de documentación sin comprobar con el país de origen, entre otras situaciones.

También ha señalado carencias en la provisión de programas de salud mental y adicciones, que tiene una prevalencia elevada en estos menores respecto al resto, así como déficits en el desinternamiento del sistema de protección y el acompañamiento en la vida adulta.

MENORES EN EL CIE

Ribó ha considerado una "barbaridad" que hayan ingresado menores en el centro de internamiento de extranjeros (CIE) --12 en 2017-- y que hayan dormido en la Ciudad de la Justicia --en espacios para niños en reforma y no para migrantes-- y comisarías, y ha alertado de la invisibilización de los que son víctimas de tráfico y explotación sexual, sobre todo chicas.

Albaigés ha recordado que las identificaciones se desplazaron a las comisarías cuando se colapsó el espacio en la Ciudad de la Justicia, que está en un sótano con puertas metálicas, sin camas, sin duchas, con luz encendida 24 horas y a veces pasaban días enteros: "Se ha tolerado durante 10 años, y eso es mucho más grave que estar en un banco de una comisaria".

Ribó ha pedido un mapa de recursos en Catalunya y que se incrementen las políticas para fomentar el retorno de los niños con su familia al país de origen, que tiene que ser opción preferente si es la más adecuada para su interés superior y cuando hay voluntariedad, y ha lamentado que esta posibilidad se eliminó cuando se suprimió el acuerdo Catalunya-Marruecos.

Ha recordado que en 2006 ya pidió recursos específicos porque no se garantizaba la protección de menores no acompañados, y que se eliminaron en 2010 cuando se redujo la llegada, incluyendo y el programa Catalunya-Marruecos, a lo que, con el inicio de la actual crisis migratoria en Europa, en 2016 tuvo que recordar en un informe a la administración "asuntos que parecían olvidados".

"COLAPSO" EN LA DGAIA

En el informe, ha concluido que falta un servicio consolidado de protección de emergencia, lo que ha generado que se dé una atención inadecuada, con sobreocupación y plazas precarias, lo que a la vez ha tenido un impacto negativo en el sistema de menores, que" se ha visto sobrepasado hasta el punto del colapso".

Para absorber estos adolescentes, se ha dado una "tergiversación de los circuitos de protección", ingresando menores migrantes en centros destinados a otros fines, así como en espacios de primera acogida durante más de los seis meses que indica la ley, generando que ni estos jóvenes extranjeros ni los demás menores tengan una tutela adecuada.