El Gobierno ha contratado a unas 500 personas en Tragsa para la gestión de expedientes del ingreso mínimo vital

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha señalado que han contratado a unas 500 personas en Tragsa para ayudar en todo lo que es el tratamiento de expedientes y también adicionalmente hay una serie de personas para todo lo que es el servicio de ayuda telefónica.

Además, Escrivá espera que en un par de meses pueda tener el desarrollo reglamentario que, entre otros aspectos, debe desarrollar la compatibilidad de la prestación con las rentas del trabajo. En ese reglamento, se especificará cuánto tiempo se puede contabilizar un IMV con rentas salariales que superen la renta mínima garantizada, para incentivar el empleo.

En todo caso, ha precisado que, con independencia del reglamento, ya hay compatibilidad con las rentas salariales porque el IMV es un complemento de todas las rentas, excepto las autonómicas. "Nosotros las vamos a complementar hasta los niveles de renta de garantizada", ha dicho. Concretamente, ha especificado que estiman en promedio un 40 por ciento de las rentas de potenciales beneficiarios son rentas salariales, especialmente en familias monoparentales, en su mayoría mujeres, con hijos.

Sobre los itinerarios de inclusión para los beneficiarios, ha señalado que dependen mucho de las administraciones competentes, que son las comunidades autónomas y que van a estar a lo que les planteen, es decir, tendrán que decidir los itinerarios de inclusión laboral y con qué condiciones y, en función de lo que planten, su departamento irá planteando la concidionalidad asociada.

SANCIONES "SUFICIENTES

Por otro lado, el ministro considera que las sanciones previstas en la normativa en caso de fraude son "claramente suficientes" y ha recordado que se ha introducido la figura del cooperador necesario, una figura "novedosa", a su juicio, que "va más allá de cualquier régimen sancionador". Precisamente, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha pedido este martes ser "muy duros" ante los posibles "abusos" que se puedan cometer en las solicitudes del ingreso mínimo vital.

El ministro también ha insistido en que las comunidades autónomas con haciendas forales desde el principio se llegó a la conclusión de que tenían que ir a un modelo de gestión distinto y para el resto lo irán viendo. "Iremos viendo más adelante si hay mecanismos para reforzar la forma en la cual se llega a todos los hogares", ha apuntado.

Finalmente, ha apuntado que el sello social para empresas que ofrezcan formación y puestos de trabajo a personas en situación de vulnerabilidad lo han dejado para el desarrollo reglamentario. "Queremos darnos unos meses para regularlo adecuadamente. Tengo la sensación de que va a ser algo que va a funcionar bastante bien", ha concluido.