El Gobierno abre 65 expedientes sancionadores por riego ilegal o vertidos en el Mar Menor

MADRID, 31 (EUROPA PRESS)

La ministra para la Transición Ecológica en funciones, Teresa Ribera, ha informado al Consejo de Ministros de las actuaciones de su departamento para afrontar la situación en el Mar Menor que, de momento, han permitido abrir 65 expedientes sancionadores por riegos ilegales o vertidos a la 'laguna salada'.

Ribera ha manifestado que el Mar Menor precisa de un trabajo "intenso y coordinado" de todas las administraciones competentes, cada una en el ejercicio de sus competencias, y exige que "se cumpla la ley sin demoras ni excusas".

Además, ha indicado que en el marco de las competencias de la Administración General del Estado, se reforzará la próxima semana la vigilancia y el control del dominio público hidráulico ya que 20 efectivos de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) se sumarán a esta tarea.

Hasta la fecha, según ha apuntado, ya hay 65 expedientes sancionadores terminados que afectan a 989 hectáreas de superficie de regadío.

Asimismo, desde la Dirección General de la Sostenibilidad de la Costa y del Mar está tratando de detectar ocupaciones indebidas o inconvenientes para el Dominio Público Marítimo Terrestre (DPMT), de las que está informando a los Ayuntamientos ribereños y al Gobierno de la Región de Murcia.

La ministra considera que la recuperación integral del Mar Menor es un objetivo que requiere de un trabajo intenso tanto del Ejecutivo central como del Gobierno de la Región de Murcia dentro de sus respectivas competencias, que deben ser ejercidas de manera coordinada, buscando sinergias y desde un enfoque integral.

De hecho, el informe señala que solo en el campo de Cartagena se ha duplicado el número de expedientes sancionadores abiertos, que han pasado de 92 en 2018 a un total de 207 en lo que va de 2019, por uso privativo de aguas sin autorización, modificación del perímetro de riego, construcción de pozos e instrumentos de la orden de clausura.

Los expedientes abiertos en el Campo de Cartagena por riegos fuera de la superficie para la que se tiene concesión ascienden a 147 desde agosto de 2018, y se corresponden aproximadamente con unas 1.600 hectáreas.

En cuanto a las desalobradoras sin autorización en el Campo de Cartagena, se están realizando inspecciones al menos dos días semanales con una patrulla del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil. En la actualidad, los expedientes abiertos por detección de desalobradoras en el entorno del Mar Menor en este año (93) ya casi duplican los del pasado.

Respecto a los vertidos, Ribera ha expuesto que la Confederación realiza campañas habituales de control de vertidos de los efluentes de las depuradoras, así como controles extraordinarios y que el número de expedientes sancionadores abiertos en 2019 por vertido contaminante de agua residual al Dominio Público Hidráulico ha sido de 135 expedientes. En concreto, una vez que estos expedientes sancionadores tienen resolución se comunican a la Región de Murcia.

OCUPACIÓN DE LA COSTA

Desde la Dirección general de Sostenibilidad de la Costa y del Mar se trabaja en detectar ocupaciones indebidas o inconvenientes para el Dominio Público Marítimo Terrestre (DPMT), con vistas a su recuperación. En este momento hay 18 actas de inspección actualizadas por parte de la Demarcación de Costas de Murcia, en relación con las ocupaciones de DPMT por tuberías que vierten al Mar Menor y que no cuentan con título.

Dichas actas constituyen la base de los requerimientos de legalización o levantamiento de infraestructuras ilegales, según corresponda, que ya se están enviando a los Ayuntamientos ribereños.

Esas 18 actas también se están remitiendo al órgano de la CARM competente en materia de vertidos, requiriéndole que informe sobre las medidas adoptadas en materia de control de efluentes hacia el Mar Menor.

Entre las actuaciones inmediatas para disminuir la entrada de nutrientes en la laguna, la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) está a punto de finalizar los trabajos en la rambla del Albujón, una de las fuentes de aportes de nitratos al Mar Menor.

Se prevé que la tubería de impulsión para derivar parte de las escorrentías para el uso agrario esté en condiciones de funcionar la próxima semana.

Sin embargo, el Ministerio para la Transición Ecológica explica que esta instalación para abordar de forma transitoria las escorrentías de la rambla no puede entrar en funcionamiento en tanto en cuanto la comunidad de regantes Campo de Cartagena no solicite la preceptiva concesión de las aguas.

Por ello, espera que lo solicite la próxima semana y, en ese caso, como medida provisional, se podría autorizar la derivación de caudales para mezclarlos con los de las aguas desaladas de Torrevieja y utilizarlos en regadío.

Otras de las actuaciones de emergencia son estudios sobre las presiones al Mar Menor, el estado de la laguna dinámica de los acuíferos, así como las actuaciones de emergencia en materia de aguas y costas tras la Depresión Aislada en Niveles Altos de la Atmósfera (DANA) del 12 al 16 de septiembre que han sido iniciadas por el MITECO, aunque no forman parte de la hoja de ruta.

Ribera ha destacado que los ciudadanos se expresaron el jueves "de forma contundente" en una manifestación que ha calificado de "histórica en Cartagena" y se ha unido así a las "múltiples voces" que desde hace años llevan alertando de la crisis que atraviesa el Mar Menor desde hace años.

"El Gobierno muestra su solidaridad, respeto y compromiso con la sociedad murciana para trabajar, con mayor intensidad, en las soluciones necesarias para salvar la laguna", ha manifestado Ribera que ha informado este viernes al Consejo de Ministros de las actuaciones iniciadas por la Administración General del Estado.

Por último, ha agregado que el Ministerio ha elaborado una hoja de ruta con medidas estructurales y tiene listo un informe del Instituto Español de Oceanografía que apuesta por soluciones basadas en la naturaleza como fórmula "más efectiva para salvar la laguna".

"El Mar Menor precisa trabajo intenso y coordinado de todas las administraciones competentes, cada una en el ejercicio de sus competencias, y que se cumpla la ley sin demoras ni excusas, ha concluido.