El Defensor no recurrirá al TC el decreto que permite intervenir Internet porque otras instituciones lo van a hacer

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

El Defensor del Pueblo no recurrirá ante el Tribunal Constitucional (TC) el 'Real Decreto-ley 14/2019, de 31 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes por razones de seguridad pública en materia de administración digital, contratación del sector público y telecomunicaciones', conocido por sus detractores como 'Decretazo Digital'.

El decreto fue aprobado por el Consejo de Ministros el pasado mes de octubre para impedir que la Generalitat catalana y cualquier otra entidad pública desarrolle una administración electrónica que quede fuera del control del Estado por alojarse en servidores fuera de la Unión Europea.

El pasado mes de enero, una coalición de organizaciones representativas de la defensa de los derechos digitales, de internautas, consumidores y juristas expertos solicitó al Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, que recurriese el Real Decreto que establece que "el Gobierno, con carácter excepcional y transitorio, podrá acordar la asunción por la Administración General del Estado de la gestión directa o la intervención de las redes y servicios de comunicaciones electrónicas en determinados supuestos excepcionales que puedan afectar al orden público, la seguridad pública y la seguridad nacional".

En la resolución, a la que ha tenido acceso Europa Press, el Defensor del Pueblo explica que no considera "oportuno" presentar el recurso "vista la decisión de otros sujetos legitimados" --el Govern de la Generalitat y el Ejecutivo Vasco-- y de "la voluntad de diálogo" del Gobierno central.

Sin embargo, la institución añade que "los derechos fundamentales en juego exigirían reforzar las garantías para que la norma sea plenamente satisfactoria, tanto en lo que se refiere al control judicial (previo y posterior) como a la intervención del Congreso de los Diputados".

"Asimismo, un debate parlamentario sosegado --ahora posible iniciada con normalidad la Legislatura-- a través de un proyecto de ley, permitirá reforzar la legitimidad de las medidas que --siempre con las máximas garantías-- deben abordarse (en un sentido o en otro, con mayor o menor alcance y por unos sujetos o por otros) en la sociedad global y digital en la que vivimos", añade el Defensor, para después anunciar que dará traslado de estas observaciones al Gobierno.

En este sentido, el director legal de la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI) y portavoz de la coalición, Carlos Sánchez Almeida, ha mostrado su satisfacción. "La sociedad civil ha hecho su trabajo, y de forma muy seria con un escrito muy solvente y elaborado, y a las instituciones les tocaba hacer el suyo. En la decisión del Defensor ha pesado, como era de esperar, que el Govern haya presentado un recurso y también el Gobierno Vasco", ha destacado.

"De cualquier modo, el Constitucional va a valorar si esta norma se adecua a nuestro ordenamiento y, al mismo tiempo, va a poder aclarar sus límites, que es lo que pretendíamos. Por tanto, podremos tener garantías de que nuestros derechos y libertades ciudadanas no se verán alterados a causa de esta legislación de urgencia", ha dicho Sánchez Almeida.

El escrito presentado por la coalición fue suscrito por la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI), la Asociación de Internautas (AI), la Asociación de Usuarios de Internet (AUI), FACUA-Consumidores en acción y Críptica, entre otras organizaciones.

Además, se sumaron a esta iniciativa juristas expertos en derechos digitales como David Bravo, Sergio Carrasco, Samuel Parra o Carlos Sánchez Almeida; y constitucionalistas como Patricia García Majado (Universidad de Oviedo), Lorenzo Cotino (Universidad de Valencia) y Miguel Presno Linera (Universidad de Oviedo).