El CSN aprueba crear la Jefatura de proyecto de instalaciones y desmantelamiento de la central nuclear
MADRID, 28 (EUROPA PRESS)
El Pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha aprobado la creación de la Jefatura de Proyecto de Instalaciones del Ciclo y Desmantelamiento de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos).
Los miembros del consejo, reunidos de manera telemática, han adoptado la decisión "por las exigencias de dedicación técnica" que requerirá el próximo proceso de desmantelamiento de la planta burgalesa.
La central, ubicada en el valle de Tobalina, entró en funcionamiento el 2 de marzo de 1971 y dejó de producir electricidad el 16 de diciembre de 2012, 41 años después. Durante su operación generó 133.355 millones de kilowatios hora y produjo en torno al 6,5 por ciento de la energía de origen nuclear en España. Esa cifra equivale al 30 por ciento del consumo anual de electricidad de Castilla y León, donde se ubica.
Precisamente, la semana pasada, la Empresa Estatal de Residuos, Enresa, solició al Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico la titularidad de la central, que aún sigue siendo de Nuclenor --formada al 50 por ciento por Iberdrola y Endesa--.
Una vez sea transferida la titularidad, se otorgará la autorización para iniciar la primera fase del desmantelamiento, que podría comenzar en 2022. El proceso tendrá un coste estimado de 470 millones de euros.
De acuerdo con las previsiones de Enresa, la autorización podría ser efectiva en 2022, cuando Nuclenor deje de ser titular de la planta. A partir de ahí, comenzará a ejecutarse de forma material la primera fase del desmantelamiento.
La primera fase tendrá una duración de tres años. Lo principal en esta fase será la carga del combustible gastado en contenedores y su traslado desde la piscina al Almacén Temporal Individualizado (ATI) de la propia central, así como el desmontaje del edificio de turbina para acondicionarlo como edificio auxiliar de desmantelamiento necesario para la ejecución de la segunda fase.
La ejecución de la segunda fase del desmantelamiento requerirá también de la autorización por parte del MITECO, previo informe favorable del CSN.
Enresa estima que la segunda fase está prevista para 2025 y tendría una duración de unos siete años. En ella se realizará el desmantelamiento del reactor y del resto de edificios con implicaciones radiológicas. A ello le seguirá las actividades de descontaminación, desclasificación y demolición de edificios, para concluir con la restauración ambiental del emplazamiento.
OTROS ACUERDOS
Por otro lado, el pleno del CSN ha acordado también esta semana aprobar la solicitud para modificar las Especificaciones Técnicas de Funcionamiento de la central nuclear de Trillo (Guadalajara) sobre la modificación de las Especificaciones Técnicas de Funcionamiento (ETF) y del Estudio Final de Seguridad (ES).
Esta modificación incorpora los cambios derivados de la revisión de los cálculos soporte de las bases de diseño del sistema de agua de refrigeración esencial (denominado VE).
Además, ha aprobado un convenio de cuatro años de duración entre el CSN y las universidades Politécnica de Valencia (UPV), Politécnica de Cataluña (UPC) y Politécnica de Madrid (UPM) para la puesta en marcha del proyecto de I+D para la participación en los proyectos de mantenimiento de códigos de NRC (conocidos como CAMP) y en los programas experimentales de la NEA/OCDE (llamados PKL, ATLAS, RBHT) así como su aplicación a plantas españolas (CAMP España).
El programa CAMP tiene como objetivo fundamental, en su versión actual, la verificación y validación de los códigos termohidráulicos RELAP5/MOD3 y TRACE, así como sus códigos asociados: PARCS (cinética neutrónica 30) y SNAP (interfaz gráfica de usuario). El CSN aportará a este convenio 623.120,96 euros entre los ejercicios 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024.
Finalmente, el pleno ha aprobado asignar puestos para el ingreso de 22 nuevos funcionarios del Cuerpo de Seguridad Nuclear y Protección Radiológica y la consiguiente modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del organismo regulador.