El Congreso debate el martes la ley para crear un censo y un banco de ADN para investigar casos de bebés robados

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

El Pleno del Congreso debate este martes la toma en consideración de una ley de bebés robados que busca facilitar la investigación de estos casos y garantizar la reparación de las víctimas y su tutela judicial. El texto, una propuesta de la Coordinadora Estatal de apoyo a la Querella argentina (CeAqua) sobre estos casos, lleva la firma de PSOE, Unidos Podemos, ERC, Compromís, PDeCAT y Bildu.

"Esta proposición de ley garantiza el derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación y a las garantías de no repetición de las personas que sufrieron el delito de robo de bebés en un contexto de crímenes contra la humanidad", comienza el texto registrado en su exposición de motivos.

Así, esta ley da derechos a las víctimas a acceder a la documentación que les pueda ser de interés, ya sea de la Administración, de archivos privados que estén obligados por esta norma, boletines estadísticos municipales o libros de registros de ingresos, partos y prohijamientos, entre otros. Un reglamento regulará las infracciones y sanciones administrativas que se impondrán a quienes incumplan con este derecho.

También recoge que el Ministerio Fiscal ejercerá de oficio o a instancia de las víctimas en cuantas acciones judiciales procedan, que las exhumaciones que sean precisas "serán sufragadas por el Ministerio de Justicia" y que las pruebas de ADN serán gratuitas.

ATENCIÓN SANITARIA Y JURÍDICA GRATUITA

En este sentido, se propone una base de datos estatal de afectados, en cuya elaboración participarán las asociaciones de víctimas. También se creará un banco único de ADN gratuito con "toda la información relevante" en relación con los casos de bebés robados. En dicho banco, explica el texto, se conservarán muestras de restos óseos.

En cuanto al derecho de reparación, la ley propone que los reconocidos como víctimas de esta trama tengan derecho a asistencia médica, jurídica y psicológica gratuita, así como a conocer su verdadera identidad y a ejercer acciones de reparación de daños y perjuicios contra las personas o instituciones respobsables de su privación de derechos. También serán beneficiarias, de forma gratuita, de los servicios de mediación profesional para facilitar posibles reencuentros.

Finalmente, se autoriza al Gobierno a, en un plazo de seis meses y por decreto, determinar el alcance, condiciones y procedimiento para la concesión de indemnizaciones extraordinarias en favor de quienes se les reconozca la condición de víctimas de esta trama.

Según explicó la CeAqua durante el registro de la norma, el pasado mes de septiembre, la ley recoge "todas las reivindicativas históricas de las víctimas de este crimen" con el objetivo de que, a través de un marco estatal, se establezcan las medidas necesarias en todas las comunidades autónomas, exigiendo el cumplimiento de las mismas y amparando de forma global a todas las víctimas de estos sucesos en el país.

Para CeAQUA se trata de un "primer gran paso" ya que este texto sería "pionero por su relevancia en el ámbito legislativo y sus consecuencias en el ámbito judicial para investigar este terrible delito contra la humanidad y conocer la verdad de los hechos".