¿Liberar las vacunas soluciona el problema? Muchos riesgos y pocas oportunidades

El repentino giro del presidente de los EEUU, Joe Biden, sobre la liberalización de las patentes de las vacunas contra el Covid-19 ha dejado profundas repercusiones políticas y sectoriales que auguran muchos vaivenes para las farmacéuticas a medida que se despliega este debate. El apoyo de la primera potencia mundial a la propuesta de varios países presentada a la Organización Mundial del Comercio (OMC) de liberalizar de manera temporal la producción de inoculables, para que lleguen un mayor número de dosis a lugares como India o Sudáfrica, ha forzado a la Unión Europea (UE) a encarar el asunto y a valorar los riesgos y oportunidades de dar este paso.

Este viernes, los Veintisiete han comenzado el largo camino hacia una postura de consenso, forzados por EEUU. Hasta ahora la mayoría de las capitales se habían mostrado reticentes a esta idea y desde Bruselas se había insistido en que para la UE la primera opción debía ser apostar por impulsar la producción y exportación de vacunas a los países pobres.

La reacción en el seno de los Veintisiete ha sido cauta y han dejado abierta la puerta al debate pero han evitado ir más allá en sus mensajes públicos, pese a que hay un clamor mundial a que se dé este paso, al menos mientras dure la pandemia. Al mismo tiempo, las principales farmacéuticas que han desarrollado vacunas contra el Covid-19 y que operan en Europa ya se han mostrado en contra de la propuesta en exención de patentes.

Además, los expertos avisan de los riesgos que puede conllevar la ‘barra libre’ de patentes para toda la sociedad, especialmente en cuanto a si se tiene en cuenta las inversiones estatales en el I+D que han llevado a desarrollar las vacunas. “Se trataría de determinar si dichas inversiones estaban solamente destinadas a estimular la labor de I+D, o eran un esfuerzo de co-creación para la producción y comercialización de las vacunas”, señala Yancy Vaillant, profesor de Estrategia, Emprendimiento e Innovación en TBS en Barcelona.

En el caso de una alianza de co-creación publico-privado, por un lado el sector farmacéutico “no tiene legitimidad para apoderarse de los frutos de la inversión pública”, prosigue, mientras que las administraciones “tienen mucho más poder y control” sobre la explotación comercial de las vacunas aún así“. “El problema es que el sector público no suele asumir al completo la posición (por razones ideológicas o de recursos y capacidades internas) de poder que les toca en los procesos de comercialización”, argumenta el profesor de la TBS.

De hecho, “vista la urgencia cuando surgió la epidemia, y el poco poder de negociación que tenían las instituciones públicas para imponer sus condiciones de comercialización en un principio, es poco probable que lo privado hubiera sido incentivado en reorientar todo su efectivo a esa vacuna, sin las expectativas de importantes retornos en el caso de éxito”, asume el también experto en patentes.

¿SOLUCIONA LA LIBERALIZACIÓN EL PROBLEMA?

Las reacciones en el sector van desde la indiferencia a una manifiesta negativa, ya que serán grandes perjudicados, tanto en el negocio actual como en su potencial. En el caso de Pfizer, el director ejecutivo, Albert Bourla, ha tildado la iniciativa como algo que "está muy mal", en una entrevista con 'The Wall Street Journal'. Por su parte, el director médico de BioNTech -socio de Pfizer-, Özlem Türeci, ha asegurado a CNN que la suspensión de patentes "no aumentará la cantidad de dosis que tendremos disponibles en los próximos 12 meses".

En cuanto a Moderna, se muestra despreocupada sobre el asunto según ha precisado su presidente ejecutivo, Stephane Bancel, que ha recordado que ya informó en octubre que no haría cumplir sus patentes de vacunas contra el coronavirus. "Tendrán que realizar un ensayo clínico, obtener los datos, obtener la aprobación del producto y escalar la fabricación. Esto no sucede en 6, 12 o 18 meses", explica Bancel en 'The Daily Mail', por lo que los países seguirían comprándoles vacunas.

Los inversores ya han dejado notar en Bolsa el miedo a las consecuencias, con un castigo de hasta el 10% en la sesión del jueves para estas empresas, pese a que el viernes estabilizaron su precio. “Si las presiones públicas hacen que se diluya el potencial premio para el proceso de I+D que pueda generar una patente exitosa, especialmente ahora al final del proceso (cambiando las reglas a mitad del partido), generará expectativas aún más negativas que pueden resultar muy desfavorable para el bienestar público la próxima vez que la sociedad se encuentra con una pandemia o otra crisis similar”, aduce Vaillant.

La industria farmacéutica ha aportado “importantes cantidades de recursos humanos, financieros y materiales, además del coste de oportunidad de haber abandonado otras líneas de investigación para dedicarse casi en exclusiva al desarrollo de una vacuna para la Covid-19”, recuerda el profesor de la TBS. Y, por otra parte, no está nada claro que la liberalización de patentes ataje con éxito el problema de la escasez de vacunas. "Podría tener consecuencias adversas significativas en forma de pérdida de innovación y potencialmente más dudas sobre las vacunas", coinciden por su parte Adam Barker, analista de Shore Capital.

A esto se añade que el hecho de que las fórmulas estén al alcance de cualquiera, "no acabará con otras dificultades de la fabricación (por ejemplo, biorreactores para vacunas de adenovirus como la de AstraZeneca/Oxford) y complejidad a la hora de garantizar el control de calidad correcto, lo que podría llevar a una reducción del suministro", prosigue Barker, "por no hablar de todo el conocimiento de los procesos". En realidad, sería "más eficiente" permitir la especialización de los países o laboratorios y facilitar la distribución transfronteriza de los productos", concluye este analista.