¿En qué se basará el Gobierno para impugnar el 9-N alternativo de Mas?

A pesar de que la Generalitat no ha tomado ninguna acción legal al respecto del nuevo 9-N lanzado por el president, Artur Mas, el Gobierno ha iniciado los trámites para impugnar el proceso participativo de la Generalitat, como alternativa a la consulta sobre la independencia de Cataluña ya suspendida por el Tribunal Constitucional (TC).

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¿Pero en qué se basarán los informes que el ministro de Justicia, Rafael Català ha pedido a la Abogacía del Estado si no se ha convocado oficialmente esta votación, ni se ha firmado ningún decreto? El Gobierno buscará esta vez motivos en la implicación que se ha pedido a los funcionarios públicos para que se estudie si hay atisbos de inconstitucionalidad.

La Generalitat ha pedido la colaboración de los profesores con los 37.000 voluntarios

El único acto administrativo que puede ser visto con malos ojos por el TC es la ayuda que el Govern ha reclamado a los profesores de los colegios e institutos públicos en los que se ubicarán las urnas. A pesar de que las mesas estarán vigiladas por los 37.000 voluntarios que se han inscrito para dar apoyo logístico el 9 de noviembre y realizar el recuento, se ha pedido colaboración a los trabajadores de las escuelas, a quienes, según explica El Confidencial, se les compensará con un día festivo por su labor el 9 de noviembre.

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En este resquicio donde se tratará de sentar una base para pedir otra vez la suspensión de la consulta alternativa. De obtener un informe positivo, la decisión de impugnarla se tomará este mismo viernes en el Consejo de Ministros.