El Gobierno ya estudia la ilegalidad de la constitución de la comisión del 9-N

El Estado ya está analizando si la constitución de la Comisiónd de Control de las consultas populares y no refrendarias puede ser ilegal y contradecir la suspensión cautelas del Tribunal Constitucional del 9-N.

El Parlament de Catalunya votó en el pleno del miércoles la creación de este organismo, que debe ejercer las funciones de entidad reguladora de la consulta del 9 de noviembre sobre la independencia de Cataluña. La Abogacía del Estado está analizando esta designación, según ha confirmado la delegada del Gobierno en Catalunya, Llanos de Luna.

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Durante una entrevista en Onda Cero, De Luna ha precisado que la Abogacía emitirá su informe y, en caso de que considere ilegal la actuación del Parlament, indicará las medidas que hay que tomar para "reponer la legalidad y hacer cumplir la suspensión" de la consulta decretada por el TC.

"Cualquier actuación que por parte del Gobierno de España entendemos que puede violentar o contravenir la suspensión la analizamos pormenorizadamente, y es lo que está haciendo la abogacía del Estado", ha concretado.

El secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón, ha emitido declaraciones parecidas en RNE, en las que ha asegurado que "se actuará contra cualquier incumplimiento de la ley".

EL PPC DA MARCHA ATRÁS

El portavoz del Partido Popular en Cataluña, Enric Millo, ha dado marcha atrás en sus amenazas de llevar la votación del Parlament ante la Fiscalía. El grupo de los populares se abstuvo en la votación y advirtió a los diputados que el PPC tomaría medidas y pondría en concimiento de los tribunales las actuaciones de los miembros de la Cámara catalana que pudieron haber quebrantado la ley.

En declaraciones a "El Món Rac1", el popular ha asegurado que la intención del grupo no es denunciar al resto de diputados.