Anticorrupción se enteró por los medios de la judicialización de la investigación a Rato
El Ministerio de Hacienda actuó a espaldas de la Fiscalía asegura eldiario.es
Que la detención del ex vicepresidente económico del Gobierno, Rodrigo Rato, ha causado un gran revuelo es un hecho ya indiscutible. Pero no sólo ha sacudido a la opinión pública, los funcionarios de Hacienda y de la Fiscalía Anticorrupción también se hallan estupefactos por la actuación del departamento gubernamental liderado por Cristóbal Montoro: la Agencia Tributaria acudió directamente a la Fiscalía provincial de Madrid en lugar de realizar el trámite a través de Anticorrupción.
Lo inusitado de la acción es tal que, según informa eldiario.es, que el jefe de la Fiscalía Anticorrupción y contra el Crimen Organizado, Antonio Salinas, se enteró por los medios de comunicación de la judicialización de la investigación al también ex director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) y de que el Gobierno había acudido directamente a la división provincial en la capital de España del Ministerio Público.
Explica el medio que Salinas se puso en contacto telefónico con Consuelo Madrigal ante “el desarrollo de los acontecimientos y reclamó para su Fiscalía las actuaciones. Madrigal aceptó de inmediato”.
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SIGUEN LOS REGISTROS
Despuñes de más de siete horas de registro en su domicilio y su despacho profesional, donde los agentes policiales adscritos a la Agencia Tributaria se han incautado una docena de cajas con documentación, los registros han proseguido este viernes. Durante la primera etapa de las pesquisas, que se llevaron a cabo durante la tarde y noche del jueves, 16 de abril, Rodrigo Rato fue detenido y puesto en libertad, tras lo que ha pasado la noche en su casa. Según han informado fuentes de la investigación y testigos presenciales a Europa Press, durante el segundo registro Rato no ha estado presente.
La denuncia, que procede de la Agencia Tributaria, cuenta con más de 80 páginas en las que se detallan propiedades vinculadas a Rato en paraísos fiscales, incluidos Gibraltar, Suazilandia, República Dominicana, Holanda, Reino Unido y Estados Unidos. Además, la Agencia Tributaria le atribuye un delito de tráfico de divisas por 12 millones de euros mediante operaciones en Luxemburo, Suiza, Gibraltar, Irlanda y Holanda entre 2009 y 2014.
También, según El Mundo, el ex vicepresidente del Gobierno español es sospechoso de alzamiento de bienes, para lo cual habría creado presuntamente un complejo entramado societario. El rotativo afirma que los investigadores siguen la pista a sociedades a nombre de sus tres hijos, fruto de su matrimonio con su ex esposa, María Ángeles Alarcó.
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