Airbnb debe pasar por caja: los hoteleros reclaman que se regule como una agencia de viajes

El alquiler ilegal de viviendas a turistas está dando muchos dolores de cabeza a los Gobiernos autonómicos. El descontento ciudadano hacia los visitantes incívicos se ha convertido en presión social para que se cierren este tipo de alojamientos en ciudades como Barcelona, Madrid o Sevilla. A los problemas derivados de esta actividad no reglada se tiene que sumar el fraude fiscal.

Tanto los particulares que arriendan sus viviendas como los portales que ejercen de intermediarios en estas operaciones tienen que regularse. Esta es una de las mayores reclamaciones de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT) que exigen al Gobierno mayor control para “acabar con la economía sumergida” que entraña el alquiler ilegal. Ramón Estalella, secretario general de CEHAT, ha explicado a Bolsamanía que su reclamación se centra en que quienes obtengan un beneficio económico a través del turismo paguen “sus impuestos y contribuyan en el IVA, como todos los demás”.

Un saco en el que entrarían portales como Airbnb, que saca tajada de poner en contacto inquilinos temporales con arrendatarios que buscan un lugar donde pasar los meses de verano. “No se trata de consumo colaborativo”, ha señalado Estalella, este tipo de plataformas intervienen en el proceso y cobran una comisión, por lo que los hoteleros piden que se regulen “como una agencia de viajes”.

LOS HOTELES ESTÁN PERDIENDO CUOTA EN EL SECTOR TURÍSTICO

Datos recientemente publicados revelan que los veraneantes extranjeros se han incrementado entre un 10% y un 15% en julio. El último informe sobre la coyuntura turística presentado por Frontur pone de manifiesto que más del 19% de viajeros se han alojado en casas de amigos y familiares. Y casi un 14% lo hizo en viviendas alquiladas.

Este estudio también sitúa el porcentaje de turistas que se hospedaron en un hotel en un 57,3%, pero la ocupación hotelera ha disminuido en un 1,7% y las pernoctaciones han caído un 0,2%. Los hoteleros vuelven a buscar el motivo en los pisos ilegales: “¿Alguien se cree que más de un millón y medio de turistas se han alojado con amigos y familiares?”, se pregunta Estalella.

Aunque el secretario general de CEHAT evita culpar directamente a los portales de alojamiento entre particulares, su crecimiento es espectacular. Sólo en España, Airbnb cuenta con más de 50.000 espacios registrados, según datos de la compañía, y el país es su tercer mercado en importancia, tras EEUU y Francia. En tan sólo cuatro años ha conseguido un volumen de negocio que ha puesto en jaque a los sectores turísticos tradicionales: en Barcelona genera 128 millones de euros y 4.000 puestos de trabajo al año. A nivel mundial, en 2013 ingresaron 250 millones de euros gracias a las tarifas que cobra por hacer de intermediario entre inquilino y casero.

EN 2016 AIBNB PODRÍA MERENDARSE EL 10% DEL SECTOR HOTELERO DE EEUU

Un estudio de la Universidad de Boston sobre el impacto de Airbnb en el sector hotelero en Texas estima que por cada 1% de aumento en el número de viviendas turísticas anunciadas en Airbnb, se reduce un 0,05% la cifra de negocio trimestral de los hoteleros. El informe calcula que al ritmo actual de crecimiento, en 2016 la empresa online podría representar el 10% de este sector sólo en EEUU, convirtiéndose en la mayor empresa hotelera del mundo.

Una competencia descarnada y desleal ya que, tal y como insiste Ramón Estalella, no se regulan, no pagan impuestos y aún así están actuando claramente como una agencia de viajes.

El único límite es el que imponga la legislación de cada país. Por ejemplo, en EEUU, Nueva York ha plantado cara a Airbnb y la persecución se ha centrado en los impuestos que los propietarios no pagan con esta actividad. El fiscal general ha pedido a la compañía que entregue los datos de los usuarios arrendadores, a lo que la compañía se ha negado, así que les tocará presentarse a los juzgados.

ESPAÑA PLANTA BATALLA CONTRA LOS ALQUILERES ILEGALES

El debate en la ciudad condal también se ha trasladado sobre los propietarios que defrauden al fisco y el consistorio ha prometido enviar inspectores municipales a algunos distritos de la ciudad, que visitarán -y cerrarán- uno por uno los pisos sospechosos de hospedar turistas ilegalmente.

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El alcalde de Barcelona, Xavier Trias, ha asegurado que será “contundente” contra quienes inflijan la ley. De momento, se han cerrado un total de 57 pisos arrendados sin permisos, en lo que llevamos de verano. Estas acciones se suman a las que ya se llevaron a cabo en Cataluña en el mes de julio, cuando se multó a Airbnb con 30.000 euros por haber incurrido en competencia desleal y beneficio ilícito, convirtiéndose España en el primer país europeo en sancionar al portal de alojamientos. Las amenazas de la Generalitat llegaron a plantear el bloqueo al acceso desde cualquier IP catalana.

También a principios de julio, el sector hotelero presionó a la comunidad de Madrid para que implementara la normativa que sólo se puedan alquilar pisos por estancias superiores a cinco días. Aragón persigue los alquileres turísticos “piratas” con multas de hasta 90.000 euros. En Andalucía, no se cuenta con una normativa aprobada, pero se ha empezado a sancionar a propietarios que alquilan sus viviendas con fines turísticos y en otras regiones, como en Baleares, este tipo de alquiler está completamente prohibido.

En 2013, el Gobierno cambió la ley, con el fin de limitar el alquiler de viviendas en vacaciones y dejó que cada una de las comunidades autónomas regulara esta actividad.

Airbnb, por su parte, defiende en sus informes el impacto que tiene al favorecer el turismo porque también llevan dinero a la ciudad. Y cada vez ofrece mayores garantías a propietarios e inquilinos, con tal de evitar situaciones como las de algunos viajeros que se han llegado a instalar en las viviendas que arrendaban.

No obstante, se siguen produciendo incidentes en ciudades como Barcelona, donde se desalojaron a cerca de 30 personas de un piso. “Son como pisos patera donde por 100 euros al día se meten 20”, concluye desde CEHAT Ramón Estalella.

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