'Gasmagedón': la crisis energética amenaza con disparar las facturas de gas un 200%

Este viernes será el último día, en principio, del segundo parón técnico del gasoducto Nord Stream 1 en menos de un mes.La dependencia de Rusia es una vieja lacra comunitaria, desde mucho antes de que empezara esta crisis, al igual que lo es la pobreza energética: según el Observatorio de Pobreza Energética (EPOV), el 6,6% de los hogares de la UE28 no pudieron pagar sus facturas a tiempo el pasado 2018 y estuvieron en riesgo de ser desconectados de la red eléctrica, un porcentaje que ha ido a más con el paso de los años. Y lo peor está por llegar. Allianz Trade calcula que, ante la “inminente” escasez de gas en el Viejo Continente, las facturas podrían dispararse un 200%, aumentar el retraso en los pagos y provocar una grave ruptura en el tejido social de la Unión. “Se avecina el ‘Gasmagedón’”, advierten desde la firma germana.

“Por término medio, los precios del gas en los hogares de toda la UE han aumentado un 22% con respecto a los niveles de 2021”, explican desde Allianz, destacando que en Alemania, el Reino Unido y los Países Bajos, los precios del gas se han disparado un 58%, un 83% y un 85%, respectivamente. Como consecuencia, señalan, el número de hogares en situación de pobreza energética en la UE28 ha aumentado en más de un 50% desde junio de 2022.

La crisis energética a la que Europa se enfrenta desde que se desató el conflicto en Ucrania e impuso sanciones contra Rusia se ha acentuado en las últimas semanas. La Unión Europea ha anunciado una intervención de urgencia y una reforma estructural del mercado eléctrico comunitario, con medidas como la limitación del precio de las renovables o un tope al gas similar al que se aplica en España, al tiempo que acelera en su plan de ahorro energético con el objetivo de pasar un invierno lo más tranquilo posible.

Según datos de Eurostat, EPOV y Allianz Research, los retrasos en los pagos han aumentado considerablemente. En los Países Bajos, por ejemplo, pasaron del 1,2% en 2021 al 3,9% en 2022, un récord para el país desde que la Comisión Europea comenzó a seguir estas estadísticas en 2005. En el caso del Reino Unido, el aumento fue del 4,7% al 7,1% y en Alemania, del 2,4% al 4,0%; España, por su parte, repunta ligeramente y se sitúa en un nivel cercano a Reino Unido. La única excepción a estas subidas es Francia, que ha aprobado límites al precio del gas o una reducción de los impuestos sobre la electricidad.

Sin embargo, Allianz cree que estos datos solo empeorarán a medida que pasen las semanas y la escasez de gas se convierta en una realidad. El análisis de la compañía teutona, en el que analizan la renta brutal disponible y otros indicadores, muestra un aumento interanual del 50% de los precios del gas hasta junio. “Con la reducción del suministro de gas, los precios pueden aumentar entre un 71% y un 200%”, apuntan desde Allianz Trade, quien cree que, en este contexto, países como Alemania podrían enfrentarse a que casi uno de cada diez hogares no pueda hacer frente a las facturas energéticas. ¿Qué se puede hacer entonces?

SISTEMAS DE DOBLE PRECIO

Para la firma alemana, las contramedidas aplicadas hasta ahora por los gobiernos, como las reducciones de impuestos o los topes al precio del gas, “tienen graves deficiencias, sobre todo porque reducen los incentivos para ahorrar energía”. “Muchas de ellas no son selectivas, sino que permiten que todos los hogares se beneficien, independientemente de su nivel de ingresos”, explican, citando las bonificaciones al ferrocarril de España o Alemania y los recortes fiscales temporales.

“Otras, como los recortes de precios, distorsionan el mecanismo de fijación de precios del mercado y las que son más específicas, como las subvenciones a hogares con bajos ingresos, se perciben como arbitrarias e insuficientes”, añaden. Por ello, la apuesta de Allianz Trade es un sistema de “doble precio”. Esta es una opción que defiende el economista Jean Pisani-Ferry, miembro del ‘think tank’ belga Bruegel, y que la firma alemana considera “intrigante”.

“Básicamente, todos y cada uno de los hogares, en función de su composición y tamaño, tienen derecho a comprar una determinada cantidad de energía a un precio regulado. El resto, deberá comprarse a precio de mercado”, explica en una charla en el podcast ‘Global Thinking’ del McKinsey Global Institute. Para este experto, este sistema sería más equitativo porque “cuanto más altos sean tus ingresos, más grande es tu piso, más consumes… sería proporcional y una ayuda mucho mayor para la clase trabajadora”. “En segundo lugar, mantendría el precio de mercado donde está. Así que, básicamente, la gente sabría a qué precio se enfrenta”, añade.

Asimismo, Pisani-Ferry señala que es un sistema que permitiría el ahorro energético que Bruselas persigue con ahínco si se introdujese un bono reembolsable: “El bono te da derecho a comprar una cantidad de energía a un precio determinado y pagar a tu proveedor con él”. “Si consumes más, pagarás (la energía) a precio de mercado. Si no lo haces y consigues ahorrar, te devolverán te devolverían el dinero”, sentencia.

“Se podría basar el consumo de energía de los años anteriores, pero con una deducción de, por ejemplo, el 25% para incentivar el ahorro de energía. Para la energía subvencionada, los precios precrisis podrían servir de referencia”, plantean desde Allianz Trade, ya que señalan que “esto garantizaría los incentivos para todos los consumidores al tiempo que se tiene en cuenta su capacidad para hacer frente a la carga”.

Destacan que esta medida sería claramente flexible, ya que ambos precios pueden fijarse en función del nivel de protección deseado, y de marcado carácter redistributivo, ya que aliviaría mucho más a los menos pudientes. Asimismo, calculan que, en función del precio que se asigne a la energía subvencionada, el ahorro podría ser de entre 8.400 millones y 22.000 millones de euros (un 0,6% del PIB) solo en Alemania.

“ES NECESARIO UN NUEVO CONTRATO SOCIAL”

Sea cual sea la salida a esta situación, Allianz es clara: la pobreza energética está aquí para quedarse “dado el cambio del panorama geopolítico y la necesidad de medidas más agresivas para abordar la crisis climática”. Pero sigue habiendo margen de actuación. En cuanto a la transición verde, Allianz señala que el aumento de los precios de los derechos de emisión de carbono se repercutirá en las facturas y las nuevas leyes y normativas harán subir, entre otros, los precios de la vivienda o los alimentos. “Esto afectará de manera diferente a los distintos grupos de ingresos ya que, aunque su consumo de energía sea en general menor, las rentas bajas sufrirán especialmente el aumento de los precios”, apuntan.

Por ello, subrayan, “hay que hacer más a largo plazo para proteger a los hogares más vulnerables”. “La justicia social exige que se tomen medidas correctoras para garantizar una distribución equitativa de los costes y beneficios de la transición ecológica”, aseveran desde Allianz, ya que “una distribución desigual podría provocar retrasos importantes en la transformación de las economías, ya sea por las protestas contra los cierres necesarios de fábricas y minas o por las medidas demasiado tímidas en la fijación de precios de las emisiones”.

“Los errores cometidos en la globalización en el pasado no deberían repetirse. Aunque la internacionalización de las cadenas de valor ha aumentado significativamente la prosperidad mundial, también ha habido muchos perdedores, cuyas pérdidas de bienestar y dificultades para adaptarse no han sido abordadas adecuadamente por los responsables políticos”, sentencian.

Por ello, la firma germana cree que se deberían instaurar “subsidios permanentes” a los hogares con menores ingresos. “Además, se necesitan programas específicos de formación y desarrollo de competencias para los trabajadores, así como apoyar su transición a nuevos puestos de trabajo en nuevas ocupaciones o sectores”, apuntan.

Asimismo, contemplan dos opciones para apoyar el consumo durante la transición ecológica. En primer lugar, integrar las medidas sociales que acompañan a la política climática en el sistema de prestaciones sociales existente. Sin embargo, esto plantea varios problemas: uno, la poca visibilidad y utilidad percibida por la población; dos, que el ajuste a las variaciones de precio suele ser a posteriori, lo que significa que las ayudas no llegan hasta pasado un tiempo; y tres, que sean precisas y solo den cobertura a aquellos hogares que de verdad lo necesiten.

“Es probable que el grupo de personas cuyo sustento se ve amenazado por el aumento de los costes energéticos sea mayor y se extienda a la clase media-baja, razón por la que muchas medidas climáticas han sido tan impopulares en primer lugar. El movimiento de los Chalecos Amarillos en Francia lo ha dejado muy claro”, explican.

En segundo lugar, apuestan por un subsidio energético directo o “dinero de la energía”, una serie de transferencias monetarias fijas a todos los afectados en función de sus ingresos y su situación social. Sin embargo, esto podría no ser suficiente para cumplir el objetivo señalado en el Acuerdo de París de limitar el calentamiento a menos de dos grados Celsius. Sin embargo, “podría diseñarse para minimizar este riesgo”.

“La idea central es que la cantidad de dinero en energía que los hogares ahorran es duplicada por el Estado. Se trata, por tanto, de una forma de ahorro subvencionada por el Estado”, explican desde Allianz. Así, indican, esto crea “un gran incentivo para no gastar ese dinero inmediatamente”, pues los hogares que ahorrasen su "dinero de la energía" tienen que ajustar su consumo y utilizar menos energía para poder seguir pagando las facturas.

Además, permitiría a los hogares menos pudientes ahorrar dinero para aquello que necesiten. “Debería haber cierta flexibilidad en el desembolso de los ahorros; por ejemplo, sería concebible permitir la retirada de hasta la mitad de los ahorros acumulados después de cada cinco (diez) años, con excepciones para la compra de vivienda y la jubilación”, explican desde Allianz. “De este modo, el "dinero de la energía" podría convertirse en una prestación social innovadora que matara dos pájaros de un tiro: salvaguardar la transformación verde y aliviar la desigualdad social”, concluyen.