Ya hay querella del Estado por el 9-N, ¿pero acabará Mas ante los tribunales?

La Junta de Fiscales de Sala ha decidido, casi por unanimidad, dar apoyo a la querella de Eduardo Torres-Dulce contra el president de la Generalitat, Artur Mas, la vicepresidenta del Govern, Joana Ortega y la consellera de Ensenyament, Irene Rigau, por cuatro delitos relacionados con la celebración de la consulta del 9-N en Cataluña.

Tras cuatro horas de reunión, la cúpula de la Fiscalía ha avalado la propuesta del fiscal general del Estado de querellarse contra Mas y los miembros de su Govern por desobediencia, malversación, prevaricación y usurpación de funciones por su papel en la organización del llamado "proceso participativo" del 9-N.

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Ahora, la Fiscalía debe decidir si la querella se presenta desde Madrid, aunque todo apunta a que Torres-Dulce impondrá a los fiscales del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que la tramiten. La condición de aforados de Mas, Ortega y Rigau obliga a que sean juzgados por este tribunal.

¿ACABARÁ LA QUERELLA EN JUICIO?

De ahí hasta que se de un juicio, si es que llega a producirse, el camino puede no ser nada fácil. De hecho, hay muchas posibilidades de que el TSJC desestime la querella al considerar que no haya base legal para que el proceso siga adelante, según fuentes cercanas a la Fiscalía consultadas por Bolsamanía.

Requisitos jurídicos escasos para demostrar los delitos

Según estos expertos, los fiscales catalanes estaban actuando con la ley en la mano cuando decidieron no proseguir con la querella, ya que “los cuatro delitos de los que se acusa a Mas, Ortega y Rigau, están cogidos por los pelos”. Además, explican que los acusadores públicos catalanes consideran que son cuestiones políticas en las que los juzgados no deben entrar y "no se cumplen los requisitos exigidos por los tipos penales ni por la jurisprudencia para demostrara que las acciones y omisiones realizadas alrededor del 9-N merezcan algún tipo de reproche desde el punto de vista penal".

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Para las fuentes jurídicas interpeladas, el que tendría mayor probabilidad de salir adelante es el de prevaricación, aunque hace falta que haya un beneficio privado y personal “demostrable” derivado del cargo público, cosa que no se ha dado en el proceso consultivo del 9-N, a juicio de los expertos preguntados.

SI EL TSJC RECHAZA LA CAUSA…

La Fiscalía tiene derecho a la tutela judicial efectiva

El siguiente paso es acudir al Tribunal Supremo, donde tiene mayores posibilidades de aceptarse a trámite. Sin embargo, el Alto Tribunal podría dar la razón al TSJC, con lo que el Ministerio Público sólo podría apelar al Artículo 24 de la Constitución por el que podría alegar que su derecho a la tutela judicial efectiva ha sido vulnerado. En caso de llegar a este extremo, la causa acabaría en el Tribunal Constitucional (TC).

Preguntados por esta posibilidad, los juristas interpelados han interpretado que sería una manera de “devolver la pelota al Constitucional, que es donde se ha iniciado todo”. “En el peor de los casos se podría acabar en los tribunales europeos”, explican, aunque reconocen que “sería poco probable”.

En todos estos escenarios el Govern de la Generalitat ya ha dicho que está preparado para enarbolar una defensa efectiva, como ha anunciado el conseller de la Presidencia, Francesc Homs, en una entrevista en La Xarxa. También ha negado que la Generalitat haya cometido un delito de desobediencia impulsando el proceso participativo, y ha indicado que, de recibir una querella por este motivo, solo "hay que coger el manual" de derecho para demostrar que no ha sido así.

QUÉ PENA SE PUEDE PEDIR PARA MAS

Pero si falla la defensa, el president y la vicepresidenta de la Generalitat, así como la consellera d’Ensenyament se enfrentan a una condena penal que puede acabar en prisión, ya que los expertos en derecho especulan con que la pena superará los dos años de cárcel. “Si se pide condena penitenciaria por cada uno de los delitos, fácilmente se pueden alcanzar los tres o cuatro años”, con lo que sí podríamos ver a Mas entre rejas.

Pena penitenciaria aparte, lo que es seguro es que tanto el jefe del Govern como Ortega y Rigau podrían acabar inhabilitados de sus funciones, cosa que les relevaría del cargo y evitaría que se presentaran a las próximas elecciones.