Problemas entre la Fiscalía General y la de Cataluña por la querella contra Mas

La Fiscalía de Cataluña ha manifestado discrepancias sobre el proyecto de querella que desde la Fiscalía General del Estado se quería presentar contra Artur Mas y otros miembros del Consell Executiu. Según los fiscales del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) contenía errores, presentaba dificultades jurídicas y algunas expresiones que no gustaban como una referencia al Ejecutivo de la Generalitat como “Gobierno sediciente”.

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Para pulir el texto y limar estas diferencias se reunieron en Madrid representantes de ambos estamentos y según han informado a Efe fuentes jurídicas, el encuentro se ha llevado a cabo a petición de la Fiscalía de Cataluña por las divergencias que mantiene respecto al borrador de la querella que le remitió la Fiscalía General del Estado y que estaba previsto presentar el miércoles.

A la reunión, celebrada en la sede del ministerio público, han asistido el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, acompañado del responsable de la Secretaría Técnica, Jaime Moreno, y, por parte de la Fiscalía de Cataluña, el fiscal superior, José María Romero de Tejada, y su número dos, el teniente fiscal Francisco Bañeres.

El objetivo de la reunión era acercar posiciones sobre los distintos puntos de vista que ambas Fiscalías mantienen en relación con la calificación jurídica de la querella, es decir los delitos que podrían imputarse al Gobierno catalán por la organización de la consulta alternativa del 9-N.

ERRORES EN EL TEXTO Y CUESTIONES TÉCNICAS

Disensión en los delitos imputados

Además del término "Gobierno sediciente", el texto contenía errores, según explica La Vanguardia, como dirigirse a Ramon Espadaler, al que se definía como conseller de Governació i Interior y al que se atribuía la responsabilidad de la confección de las papeletas para la consulta. Éstas fueron elaboradas por el CIRE, un organismo que administra el trabajo que efectúan los presos de las cárceles catalanas; la penitenciaría depende de la Consellería de Justicia que dirige Germà Gordó.

Por otra parte, hay disensión en los delitos imputados. El texto inicial contemplaba los delitos de prevaricación, desobediencia y usurpación de funciones y desde Cataluña se considera que se puede proceder contra Artur Mas, la vicepresidenta del Govern, Joana Ortega y, posiblemente contra la titular de Ensenyamet, Irene Rigau, pero para los fiscales catalanes el delito más claro sería desobediencia, el de prevaricación es más difícil de demostrar por ser una decisión política y no administrativa.

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