Podemos desmantelará el banco malo para destinar a vivienda social los 50.000 millones de la Sareb
Fuentes de Economía aseguran que los planes de Pablo Iglesias pasan por desmantelar el organismo
- El Estado perdería todo el dinero inyectado al entregarse los inmuebles
Actualizado : 09:40
Podemos quiere destinar a vivienda social los 50.000 millones del banco malo (Sareb). Si el partido de Pablo Iglesias gana las próximas elecciones, la formación quiere que esos 50.000 millones vayan a parar a las personas sin vivienda y que el Estado no recupere el dinero inyectado.
Según destaca Vozpopuli, el banco malo maneja unos activos inmobiliarios valorados en 50.449 millones y tiene un plazo de 15 años para venderlos a los inversores interesados. Pero si gana Podemos las próximas elecciones generales, el proceso se detendrá.
Lo que plantea Podemos es que el Estado no recupere los 50.000 millones, paralice su venta y “regale” las viviendas
Según destaca el digital, fuentes del equipo económico del Gobierno y de la propia Sareb, consideran que lo que plantea Podemos es que el Estado no recupere los 50.000 millones largos en que están valorados, paralice su venta y “regale” las viviendas. De esta forma, el rescate bancario volvería a tener un coste para el erario público, ya que los bancos han necesitado ayudas públicas para separar sus activos tóxicos por mandato de Bruselas.
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¿APOYARÁ EL PSOE LA MEDIDA?
El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez ha propuesto también que el banco malo ponga en marcha un parque de viviendas sociales “para circunstancias extremas”. “Si Podemos gobierna con el apoyo del PSOE, o viceversa, y el futuro Parlamento decide que se regalen las casas, pues habrá que hacerlo, pero tendrán que explicar de dónde sale ese dinero y como negocian con las autoridades europeas”, aseguran desde el equipo económico al digital.
Hasta el momento, la Sareb ha puesto a disposición de las 17 comunidades 2.000 viviendas para alquiler social, aunque la receptividad ha sido muy baja. De hecho, el 'banco malo' solo ha podido firmar convenios con Cataluña (600 viviendas) y con Aragón (80), mientras está en negociaciones con Cantabria, Galicia, País Vasco y Murcia. Entre las razones que explican el poco éxito de esta medida es la burocracia que implica y el coste político de la decisión.
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