¿Volverán a sus puestos de trabajo Puigdemont y Junqueras a pesar de su cese mediante el 155?

Con la tormenta política desatada en Cataluña arreciando sobre el Govern de la Generalitat, las instituciones catalanas y sus representantes cesados afrontan el primer día de trabajo tras la proclamación de la independencia unilateral y de la aplicación de las medidas del Gobierno para intervenir la comunidad al amparo del artículo 155 de la Constitución. La grandísima duda es si los consellers, president y vicepresident se personarán en sus despachos como un día normal. Durante el fin de semana han lanzado mensajes confusos que apuntan a que irán a trabajar, aunque también han empezado a dar señales de que contemplan su participación en las elecciones autonómicas del 21 de diciembre.

El giro argumental que Mariano Rajoy ofreció el viernes al anunciar una aplicación del 155 de mínimos y la convocatoria de elecciones a la Generalitat dejó a los independentistas fuera de juego. El movimiento del Ejecuitivo, a la altura de la trama de este drama político sin precedentes, pone en un brete a quienes proclamaron la república. Si no concurren y mantienen su cerrajón, se exponen a quedarse fuera del futuro Govern y si lo hacen, reconocen que su independencia y la República son inviables, dando la espalda a los miles de independentistas que celebraron en las calles su soñada Ítaca.

Los miembros destituidos del Govern pretenden acudir a trabajar con normalidad

Por eso, las próximas horas serán cruciales. La atención se centra completamente en el Palau de la Generalitat y en el papel de los Mossos. La plana mayor del anterior Govern tratará de acceder a sus dependencias en el Palau de la Generalitat este lunes y ex altos cargos acudirán a sus despachos para recoger sus pertenencias. Y ante este acto de rebeldía, que podría hacer incurrir a Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y los consellers en delitos penados con prisión, señala 'La Vanguardia' que la policía autonómica no desplegará ningún dispositivo especial para impedirles el paso, sin embargo si pretenden trabajar y permanecer en los despachos se les advertirá de que pueden ser imputados por un delito de usurpación de funciones.

En cambio, 'La Razón' asegura que los Mossos han recibido órdenes de no dejar entrar al Palau a ningún miembro del Govern del Puigdemont. El ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, ha aclarado que las instrucciones dadas a la policía autonómica es que dejaran pasar a los exconsellers y altos cargos cesados para recoger sus efecos personales y les acompañaran a la salida.

Varios consellers, como Josep Rull, Clara Ponsatí y Meritxell Borrás han anunciado que se presentarán a trabajar como un día normal. Pero el único que se ha dejado ver ha sido Rull. El ex responsable de Territorio ha accedido a sus despacho en el departamento que lideraba hasta el viernes y ha explicado mediante un tuit que está "ejerciendo las responsabilidades encomendadas por el pueblo de Catalunya". Más tarde, en declaraciones a los periodistas ha señalado que sigue con su agenda habitual.

Al despatx, exercint les responsabilitats que ens ha encomanat el poble de Catalunya. #seguim pic.twitter.com/npc6vFH0rB — Josep Rull i Andreu (@joseprull) 30 de octubre de 2017

Horas después se ha hallado a Puigdemont, quien ha permanecido en paradero desconocido todo el día. Según ha confirmado el Ministerio del Interior ha viajado a Bruselas. Diversas informaciones aluden a que el motivo de su visita es mantener una entrevista con los nacionalistas flamencos.

DELITO DE REBELIÓN

Todos ellos serán investigados por la Fiscalía, que ya prepara la querella por rebelión tras la declaración de independenca. Además, el Ministerio Público contemplará como conductas que integran este delito "sustituir por otro el Gobierno de la Nación o el Consejo de Gobierno de una Comunidad Autónoma", así como "usar o ejercer por sí o despojar" a estas instituciones o "a cualquiera de sus miembros de sus facultades, o impedirles o coartarles su libre ejercicio, u obligar a cualquiera de ellos a ejecutar actos contrarios a su voluntad.

Si Puigdemont o cualquier miembro del Govern es acusado por este delito, se puede enfrentar a una pena de hasta 25 años de prisión. Según el artículo 473 del Código Penal las personas que han "promovido" y "sostengan" la rebelión serán castigados con la pena de entre 15 y 25 años de cárcel e inhabilitación por el mismo tiempo.

No obstante, la rebelión está penada con hasta 30 años en el caso de que se empleen armas, hubiera combates, ejercido de la violencia grave contra personas, causado destrozos en propiedades de titularidad pública o privada, "exigido contribuciones o distraído los caudales públicos" o cortado las comunicaciones "telegráficas, telefónicas, por ondas, ferroviarias o de otra clase", ejercido la violencia grave contra personas.