Torra quiere recuperar el canon digital para financiar proyectos audiovisuales

Quim Torra quiere recuperar el canon digital audiovisual. Así lo ha hecho saber el presidente de la Generalitat de Catalunya, que ha insistido desde su investidura en la recuperación de “las leyes tumbadas por el Tribunal Constitucional”. Aunque la mayoría de las normas a las que Torra se refiere son de carácter social -impuestos contra los pisos vacíos o que eviten los desahucios- el gobierno catalán incluye la recuperación de este impuesto a las operadoras.

El canon digital audiovisual permitía a la Generalitat ingresar 20 millones de euros. Este impuesto consistía en cobrar a los operadores de internet 25 céntimos por cada conexión a la red en Cataluña. La recaudación se destinaba a proyectos audiovisuales y a la promoción de contenidos culturales digitales en catalán. El canon, aprobado en 2014 por el Parlament, se anuló en 2017 por parte del Tribunal Constitucional. El Gobierno decidió impugnar la norma catalana porque consideraba que entraba en territorio del IVA, de ámbito estatal. El Constitucional dio la razón a La Moncloa.

Ahora, con la “normalización política” que busca el Gobierno de Pedro Sánchez tras la formación de gobierno en Cataluña, los independentistas buscarán pactar con los socialistas la recuperación de algunas normas, entre ellas la del canon.

Otras de las medidas que el Ejecutivo catalán quiere recuperar, y que en su mayoría fueron impulsadas por el actual consejero de Economía, Pere Aragonés, son las relativas a los desahucios, la pobreza energética o los impuestos a los depósitos bancarios, las centrales nucleares o el gravamen a los pisos vacíos.

En 2015, el Parlament aprobó casi por unanimidad en todos los puntos la ley de medidas urgentes para la emergencia habitacional y la pobreza energética. Esta norma prohibía los desahucios sin ofrecer como alternativa un alquiler social, además, establecía como necesarios los suministros básicos. Sin embargo, el Gobierno consideró que esa ley suponía la invasión de competencias y la impugnó. El Constitucional decidió suspenderla parcialmente.

El impuesto sobre depósitos bancarios también tuvo la misma suerte que el resto de normas. Aprobado en 2014 por el Parlament fue anulado por el Tribunal Constitucional en 2015, en considerar que el gravamen catalán era idéntico al estatal y eso iba en contra de la Constitución.

Si bien estas normas pretendían aumentar la capacidad recaudatoria de la Generalitat, la mayoría fueron tumbadas en considerar que invadían competencias. Será materia de los nuevos gobiernos, autonómico y estatal, decidir hasta dónde puede decidir el Parlament. De momento, el PSC ha pedido que se haga distinción entre las leyes en las que no hay negociación posible, como la del referéndum, y las sociales. En las segundas, los socialistas catalanes podrían aceptar la redacción de nuevas normas que se entiende no serían recurridas por el Gobierno central.

Más allá de la libertad de los presos políticos, la recuperación de algunas de las leyes aprobadas por el Parlament, recurridas por el Gobierno e impugnadas por el Tribunal Constitucional, podría ser una de las demandas independentistas 'a cambio' del apoyo a la moción de censura. Sánchez y Torra tendrán tiempo para la negociación.