Sánchez y la 'ratonera' catalana: mide el coste de otro 155 en el 10 de noviembre

Los episodios de violencia en Cataluña en respuesta a la condena a los líderes del 'procés', que el Tribunal Constitucional hizo pública el lunes, han colocado al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, en una ratonera. El resto de líderes políticos, en especial PP y Ciudadanos, le exigen una actuación rápida ante el "descontrol" de las calles catalanas que hasta los independentistas más moderados reconocen. Pero las elecciones a poco más de tres semanas vista atan en corto al Ejecutivo en funciones que hace sus quinielas electorales de cara al 10 de noviembre.

"El PSOE, al igual que el resto de partidos, vive en una campaña electoral permanente", asevera Jordi Pacheco i Canals, decano del Colegio de Politólogos de Cataluña. Y mide el impacto que tendrá en las urnas la aplicación de la Ley de Seguridad Nacional o un nuevo 155, a la par que compra tiempo, por lo que calculará al milímetro si poner en marcha o no alguna de estas medidas, ya que podría desplazar electores hacia Podemos, Más País y castigar al PSC en Cataluña. Los estrategas de Moncloa apuestan por jugar la carta de la estabilidad en la crisis catalana, explican fuentes conocedoras, por lo que el Gobierno dilatará cualquier decisión de gran contundencia.

Ante cualquier pregunta sobre qué paso tomarán, Moncloa y Ferraz repiten el mantra de que "No hay miedo. Debe darse la situación para aplicar (el 155 o la Ley de Seguridad Nacional) y en estos momentos no se da". "No se ha planteado en estos momentos porque la coordinación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado son buenas, y apoyamos la tarea que están haciendo para preservar el orden público", defienden, a la vez que muestran determinación: "Si se dan las condiciones se aplicará (la Ley de Seguridad Nacional)".

Asimismo, niegan categóricamente que los intereses electorales marquen sus pasos: "Tal como está el país y la gravísima situación en Cataluña, las consecuencias en las urnas nos preocupan bastante poco", explican fuentes del partido a Bolsamanía que aseguran que no valen estos cálculos "ante la situación que vivimos. Esto no lo arreglarán 5 diputados más o menos".

A esto hay que añadir que el Gobierno cierra filas con los Mossos d'Esquadra y destaca la "efectiva" colaboración y coordinación entre cuerpos policiales ante los enfrentamientos con los manifestantes de las últimas jornadas. Para Pacheco i Canals, sin embargo, la situación actual es una aplicación de la Ley de Seguridad Nacional "de facto", por el masivo desplazamiento de Policía Nacional y Guardia Civil a la región, que los efectivos de los Mossos han tomado como una fiscalización de su actuación. Hasta algunos agentes han llegado a reconocer, en privado, que la contundencia de su intervención durante el episodio de ocupación del Aeropuerto de El Prat se debió a que "se sentían vigilados".

De cara a la galería, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska asegura, sin embargo que "los Mossos tienen la competencia principal en el tema de seguridad pública y orden público, hacer cualquier otro planteamiento en este momento me parece absolutamente imprudente". Y el mismo Sánchez ha transmitido al resto de líderes que no descarta ningún escenario ante la situación en Cataluña, que "todo está previsto" y que actuará, si es preciso, desde la firmeza, la proporcionalidad y la unidad.

CONDENA DE LA VIOLENCIA, SILENCIO DEL GOVERN

A la par de esta defensa de todos los cuerpos policiales, sin excepción, Moncloa carga tintas en el president de la Generalitat y en su Ejecutivo. Le exigen una condena de la violencia y Torra ha acabado por comparecer en la madrugada de este jueves para declarar que los incidentes violentos que se han registrado en los últimos días en Cataluña en el marco de las protestas por la sentencia sobre los líderes del 'procés' "no se pueden permitir".

Ante los distintos llamamientos al presidente catalán para que censurara los disturbios, Torra ha hecho un llamamiento a la protesta "pacífica y cívica" y ha subrayado que "es normal y es bueno" que se proteste "por una sentencia injusta y absolutamente aberrante".

ESTADO DE EXCEPCIÓN

Con todo, el panorama es desolador incluso para muchos soberanistas que ven las instituciones catalanas completamente "desbordadas" por una crisis que se puede "desbocar", avisa Pacheco i Canals. El politólogo, por tanto, no descarta que en las próximas jornadas el Gobierno se vea forzado a aplicar alguna de las medidas descritas, como un nuevo 155, precisamente porque el mundo independentista "ha perdido el control".

En este misma línea, el decano del Colegio de Politólogos de Cataluña tampoco ve descabellado que se acabe imponiendo el Estado de Excepción que pide Vox. Regulado en el artículo 166.3 de la ley la ley orgánica 4/81 de 1 de junio, afecta directamente a las personas, pudiendo vulnerar algunos de sus derechos y libertades. Pacheco i Canals lanza una advertencia final: "El Ejecutivo en funciones caerá en una trampa si llega a este extremo ya que legitimará el discurso del independentismo de represión del Estado".