El Fiscal general avisa de que no se puede juzgar a Puigdemont en rebeldía y pide reactivar la euroorden

El fiscal general del Estado, Julián Sánchez Melgar, ha manifestado este jueves que en la causa que se instruye en el Tribunal Supremo contra los principales dirigentes independentistas por el 'procés' la investigación aún está en una "fase incipiente" y "no está clara la tipificación final de los hechos". Además, ha avisado de que si se repiten en Cataluña los "actos de desprecio a la Constitución" la respuesta de la Fiscalía será "proporcional y serena" pero también "inexorable y firme".

Durante un desayuno informativo organizado por Europa Press, ha indicado que es pronto para considerar, como hace la Guardia Civil en sus informes al instructor Pablo Llarena, que estemos ante un caso de "delincuencia organizada", según ha explicado. No obstante, ha apuntado que "por esencia" los delitos de rebelión o sedición son colectivos y pluripersonales.

Lo que sí considera "factible" el fiscal general son los plazos que, según han reflejado los medios de comunicación, maneja el Supremo para que la instrucción de este caso pueda concluir antes de verano y poder celebrar juicio este mismo otoño.

En el turno de preguntas de los periodistas, Sánchez Melgar ha sido más categórico al afirmar que el expresidente Carles Puigdemont, que actualmente se encuentra en Bélgica, "no puede ser juzgado en rebeldía" -sin estar presente en el juicio- entre otras razones porque previsiblemente se pedirán para él penas superiores a los dos años de prisión y esta circunstancia lo descarta legalmente.

Sánchez Melgar ha calificado de "paradoja" la situación actual de Puigdemont, y ha recordado que en sus más de 35 años de experiencia profesional nunca había asistido a una circunstancia como la actual. "He conocido huidos, prófugos, pero nunca a un fugado que se supiera exactamente donde estaba, que nos anunciara sus movimientos", ha manifesado.

Otra de las paradojas tiene que ver con la reactivación de la eurorden que la Fiscalía solicitó con ocasión del viaje del expresident a Copenhague, y que no fue aceptada por el magistrado instructor. Durante su intervención ha justificado la petición del Ministerio Público, que fue limitada a Dinamarca y únicamente por los delitos mayores, los de rebelión y sedición-, con el fin de evitar asimetría en el enjuiciamiento con respecto de los investigados en España.

DEFENSA DE LA LEY

El fiscal general ha incidido en las palabras que ya dijo sobre este asunto durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados el pasado mes de diciembre, antes de ser designado, para señalar que la Fiscalía nada tiene que decir ante las aspiraciones políticas independentistas siempre que éstas se desarrollen dentro del marco constitucional.

Ha añadido que el "deseo general" es el de recuperar la convivencia en dicha comunidad pero que "si se reiteran actos de desobediencia" sus autores "se encontrarán con la respuesta de esta Fiscalía".

Para Sánchez Melgar, la defensa de la Ley debe ser "el límite, principio y fin" que debe guiar la actuación de la Fiscalía, y que las actuaciones del Ministerio Público en Cataluña son "buena prueba de esta defensa de la legalidad" y del orden constitucional.

Durante su intervención, en la que ha expuesto sus principales objetivos como fiscal general y ha anunciado su departamento está trabajando en diferentes instrucciones que permitan garantizar la unidad de acción en la Fiscalía, como la que permitirá, ante la falta de jurisprudencia, unificar criterios en materia de delitos de odio.