Puigdemont se enfrentará a una euroorden de detención por no comparecer en la Audiencia Nacional

El expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, no ha comparecido este jueves ante la Audiencia Nacional para declarar por los delitos de sedición, rebelión y malversación que le imputa la Fiscalía. El jefe del Ejecutivo autonómico catalán, cesado por el Gobierno de Mariano Rajoy, pretendía, junto a cuatro de sus consellers, declarar por vídeo conferencia desde Bruselas, donde se halla desde el fin de semana. La justicia europea contempla esta posibilidad, pero el Ministerio Público se ha opuesto y, en su lugar, ha pedido una euroorden de detención. Puigdemont se entregará a un juez belga ante tal eventualidad.

Puigdemont, junto a los exconsellers Toni Comín, Lluís Puig, Clara Ponsatí y Meritxell Serret, no han abandonado Bélgica ya que, según explicaron el martes en rueda de prensa, no tienen garantías de que la justicia española les trate con imparcialidad. Pero no quieren eludir sus obligaciones y han propuesto declarar a distancia, una alternativa posible y contemplada por la justicia europea, según declaraciones del abogado en Bélgica de Puigdemont, Paul Bekaert, a la agencia Associated Press.

Por ello, la jueza de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, emitirá una Orden Europea de Detención y Entrega a Bélgica, aunque no lo hará este jueves, día en que sí ha dictaminado prisión incondicional para el ex vicepresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y otros consellers.

Si hay extradición, parte del proceso corresponde a la justicia belga, ya que será este país quien deberá decidir si los entrega

Así, el abogado de Puigdemont tendrá una ardua tarea, ante la negativa del Fiscal a aceptar esta opción y la poco probable aceptación de la Audiencia Nacional, que ya rechazó que Mariano Rajoy declarara por videoconferencia durante el juicio por la trama Gürtel. Y no será otra que evitar la detención internacional de los cinco ex altos cargos. Si hay extradición, parte del proceso corresponde a la justicia belga, ya que será este país quien deberá decidir si los entrega.

La defensa de Puigdemont se está planteando que el expresident se entregue a un juez belga. Esta estrategia no es algo improvisado, ya que desde hace tiempo existen informes jurídicos que señalan a Bélgica como una buena opción porque evitaría así la prisión provisional.

EL RESTO DEL GOVERN CESADO SÍ HA COMPARECIDO

En un comunicado difundido por el Govern cesado, explica que parte de los consellers comparecerán ante la jueza Carmen Lamela "como denuncia de la falta de garantías del sistema judicial español y de su voluntad de perseguir ideas políticas", mientras que el resto permanecerá en Bruselas para hacer llegar su queja a las instituciones europeas.

El texto afirma que Puigdemont y los consellers que se encuentran en Bélgica no pretenden "en ningún caso" eludir la justicia, y afirma que responderán a las citaciones -que recuerda que han recibido en un breve plazo- según los mecanismos previstos por la Unión Europea, añade.

La actitud de los cargos cesados que permanecen en Bélgica podía perjudicar al resto del Govern destituIdo, según explican varios medios. La Fiscalía podría optar por pedir prisión provisional para el exvicepresident de la Generalitat, Oriol Junqueras, y el resto de consellers porque el hecho de que una parte de los querellados permanezca en Bélgica es indicativo de que hay riesgo de fuga.

Según informa Rac1, durante su comparecencia, los querellados sólo responderán a las preguntas de su abogado y se negarán a responder a las del fiscal.

PUIGDEMONT EN BRUSELAS

Puigdemont ofreció el martes una rueda de prensa desde la capital comunitaria flanqueado por los consellers cesados de Gobernación, Meritxell Borràs; Salud, Toni Comín; Enseñanza, Clara Ponsatí; Interior, Joaquim Forn; Trabajo, Dolors Bassa, y Agricultura, Meritxell Serret, de los que al menos Forn y Bassa han regresado a España.

El Govern cesado ha expresado su compromiso con la defensa de los derechos y libertades en Catalunya, y ha avisado de que afrontarán las posibles penas "como una denuncia de la situación que vive la democracia en el Estado español y como un grito a favor de la libertad" de Catalunya.

Además, se reivindica como "el Govern legítimo de la Generalitat" y alerta de que el sumario no tiene fundamento jurídico y solo busca castigar ideas, asegura.