Puigdemont asume "las elecciones del 21-D" y exige al Gobierno que acepte sus resultados

La comparecencia del president de la Generalitat cesado, Carles Puigdemont, desde Bruselas, ha levantando una inmensa expectación mediática. Mucho se ha especulado con las intenciones de su viaje a la capital de Bélgica, incluso se ha hablado de que, junto a cinco miembros de su Gobierno, pedirá asilo político al Gobierno del primer ministro Charles Michel. Lejos de esto, Puigdemont ha explicado que el objetivo de su viaje es la internacionalización del conflicto catalán a las instituciones europeas.

“Una parte del Govern, conmigo como presidente legítimo nos hemos desplazado a Bruselas para hacer evidente el problema catalán en el corazón de Europa y exponer ante el mundo la falta de independencia de la justicia española y la falta de calidad democrática de España”, ha explicado Puigdemont, en la primera de las cuatro líneas que ha dibujado su nueva hoja de ruta para defender la República catalana.

En segundo lugar, ha explicado que una parte del Govern, encabezados por el vicepresident, Oriol Junqueras y el jefe de candidatura de Junts pel Sí, Raúl Romeva, seguirán en Cataluña para seguir con “nuestro trabajo en el Govern”, ha explicado Puigdemont. “Nos opondremos desde una acción política a la grave irresponsabilidad de la justicia”, ha insistido.

También ha señalado que “vamos a apoyar las iniciativas que se llevan a cabo para evitar la plena aplicación el artículo 155 y acabar desmantelando las instituciones catalanas”. Por último, ha anunciado que “asumimos las elecciones del Estado como un reto democrático”. “Daremos respuesta al Estado porque votando es como se solucionan los problemas”, ha señalado. “Respetaremos el resultado de las elecciones del 21-D sea cual sea le resultado”, ha enfatizado el expresident catalán.

NO PEDIRÁ ASILO POLÍTICO

Preguntado si su objetivo es recibir asilo político de Bélgica, Puigdemont ha descartado que ese sea el objetivo que persique porque no tiene intención de "eludir a la justicia" pero no ha aclarado cuando volverá a España y ha pedido "garantías" para hacerlo.

Sin embargo, ha evitado explicar cuándo volverá a suelo español. "Si hubiera garantías inmediatas de un tratamiento justo, si me permitiera un juicio justo, independiente, con separación de poderes, lo que vemos en la mayoría de países europeos, sin duda retornaría de manera inmediata", ha explicado.

"AGRESIVIDAD DEL ESTADO"

En este sentido, ha cargado contra la querella de la Fiscalía, que ha calificado de “agresiva” con peticiones de 30 años para cada uno de los miembros del Govern cesado. Una querella que puede llegar a sumar 500 años de cárcel, ha indicado, para insistir que sus decisiones son las del "Govern legítimo de Cataluña".

Ha relatado también que su nueva 'hoja de ruta' se empezó a trazar el viernes por la noche, tras la declaración de independencia en el Parlament, "ante datos de que el Gobierno español preparaba un ofensiva sin precedentes contra el pueblo de Cataluña, sus funcionarios y el Govern", ha relatado. "Nuestra máxima prioridad es evitar la violencia y trabajamos desde el viernes de acuerdo con el respeto de la paz y neutralidad de las administraciones", ha subrayado el expresident catalán.

Ha recordado Puigdemont que su oferta de diálogo ha estado siempre sobre la mesa. Y ha seguido listando los agravios del Estado a quien le ha reprochado su “agresividad” por imputaciones contra 700 alcaldes o la violencia ejercida sobre la población del 1-O.

Un clima que, a su juicio, iba encaminado a una escalada del conflicto, por lo que "este Gobierno ha preferido garantizar que no habrá enfrentamientos ni violencia". “No se puede construir la república desde los enfrentamientos”, ha señalado, por lo tanto ha explicado que “no nos puede arrastrar a un escenario que hemos rechazado y no hemos querido poner a los funcionarios en una situación de riesgo”.

“Estamos dispuestos a pagar el precio razonable de ralentizar el despliegue de la República” a cambio de no llevar a los funcionarios a una situación límite, ha explicado el ex presidente autonómico.

Los consellers cesados que han viajado con Puigdemont a Bruselas han acompañado al expresident durante su comparecencia. Son los que ocupaban las carteras de Gobernación, Meritxell Borràs; Salud, Antoni Comín; Interior, Joaquim Forn; Trabajo y Asuntos Sociales, Dolors Bassa: y Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Meritxell Serret. Dos de ellos pertenecen al PDeCAT -Borràs y Forn- mientras que los otros tres -Comin, Bassa y Serret- son de ERC.