PSOE y Podemos avanzan para fijar medidas antidesahucios en la Ley de Vivienda

Unidas Podemos y PSOE avanzan hacia un acuerdo para incluir en la nueva Ley de Vivienda medidas orientadas a frenar los desahucios sin alternativa habitacional para personas en situación de vulnerabilidad, en términos similares a los recogidos en el decreto antidesahucios que está en vigor mientras dure el estado de alarma.

Sin embargo, la cuestión de la regulación del precio del alquiler, que ha generado tensiones entre los dos socios de coalición, sigue sin clarificarse y la formación morada reprocha a los socialistas que sigan sin presentarle una propuesta para ejecutar este compromiso adquirido tanto en el acuerdo de gobierno como en el de Presupuestos.

Según han explicado desde Unidas Podemos, en un encuentro este jueves se ha constatado progresos de cara a un acuerdo que incluya el freno a los desahucios en términos similares al mecanismo utilizado para el Estado de Alarma en la futura Ley de Vivienda. Precisamente es una de las reivindicaciones trasladadas en el marco de la negociación con el PSOE.

En concreto, se está acordando que los juzgados se vean obligados a solicitar un informe preceptivo en los procesos de desahucios a los servicios sociales de los distintos territorios. Estos determinarán si existe una situación de vulnerabilidad y, en ese caso, las comunidades autónomas tendrán la obligación de ofrecer una alternativa habitacional "digna".

PSOE: NO SE PARA EL PROCESO EN CASO DE DELITO DE USURPACIÓN

Mientras, la propuesta escrita entregada por el Ministerio de Transportes en esta cita expone que la nueva propuesta a incluir en la Ley Estatal de Vivienda "no da continuidad a las medidas excepcionales establecidas como consecuencia del estado de alarma, sino que pretende perfeccionar las existentes y reguladas actualmente en la Ley de Enjuiciamiento Civil".

Por tanto, se procedería a modificar la Ley de Enjuiciamiento Civil para ampliar más allá de los supuestos de impagos de rentas por arrendatarios ya existente desde 2019 y previas a las medidas Covid en materia de vivienda, adelantar el momento de la notificación por el juzgado a los servicios sociales a un momento procesal "previo al lanzamiento", concretamente al momento de admisión de la demanda.

Una notificación que se produciría de "oficio", como "obligación legal" impuesta al propio tribunal, de forma que no sería necesario el consentimiento del "demandado", sin perjuicio de que se le informe de que tiene derecho a acudir por propia iniciativa a los servicios sociales si así lo desea.

Según este texto, se incorporaría una disposición para se produzca "comunicación a los servicios sociales" en los procesos penales en los que se esté enjuiciando la comisión de un posible delito de usurpación de personas en situaciones de vulnerabilidad (personas dependientes, víctimas de violencia sobre la mujer o aquellas que tengan a su cargo, conviviendo en la misma vivienda, alguna persona dependiente o menor de edad), si bien en este caso "no se produciría suspensión en el proceso de desahucio".

DECRETO ANTIDESAHUCIOS

Tras una intensa negociación a finales del año pasado, ambas formaciones lograron un consenso para aprobar en el Consejo de Ministros el decreto antidesahucios, que suspendía desahucios cuando los servicios sociales, a través de un informe vinculante, reconociera la situación de vulnerabilidad, que los tribunales debían solicitar de forma obligatoria en caso de que los afectados lo pidieran.

El decreto también recogía una compensación económica para los grandes tenedores de vivienda cuando pasaran tres meses sin que la administración ofrezca una alternativa habitacional al inquilino.

LA REGULACIÓN DEL ALQUILER SIGUE SIN AVANCES

Pese a este avance en materia de desahucios, Unidas Podemos ha mostrado su preocupación sobre el hecho de que su socio no haya compartido, "una vez más y tras dos meses de negociación", una propuesta en torno a la regulación del alquiler en las zonas tensionadas. De hecho, la plasmación de la nueva Ley ya va con retraso, dado que la previsión trasladada por el PSOE es que se pueda llevar al Consejo de Ministros este mes de marzo.

Para los morados, la regulación es "primordial" y "debe incluirse" en la futura Ley, tal y como se pactó en el acuerdo de Gobierno y en el de Presupuestos Generales del Estado de este año. Además, el pasado martes el Gobierno incluyó, en la Estrategia de Desarrollo Sostenible, el compromiso de regular los precios del alquiler en la futura Ley de Vivienda.

IGLESIAS PRONOSTICA QUE GANARÁN LA "BATALLA" DEL ALQUILER

Ayer, el vicepresidente segundo y líder de Podemos, Pablo Iglesias, pronosticó que "van a ganar la batalla" para lograr plasmar la regulación del precio del alquiler en la nueva Ley de Vivienda, pese a las presiones de la patronal inmobiliaria para que no se cumpla el pacto que suscribió con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Unidas Podemos rechaza la opción de aplicar un modelo de incentivos para desplegar esta regulación y aboga por plasmas obligaciones a los grandes tenedores de vivienda, además de fijar límites concretos para bajar los precios en zonas de mercado tensionado.

Otras propuestas de los morados son fijar la figura de gran tenedor a cinco o más propietarios (rebajando la franja pautada en el decreto antidesahucios que apunta a diez o más), obligar a estos grandes propietarios a destinar el 30% de la vivienda social a alquiler social o desplegar un impuesto a la vivienda vacía. De este último punto, tampoco se ha aportado una propuesta concreta por parte de los socialistas.