Prohíben salir de Venezuela a 22 directivos de prensa

Un tribunal venezolano ha prohibido salir del país a 22 directivos de los periódicos 'El Nacional', 'La Patilla' y 'Tal Cual' por un delito de "difamación agravada continuada" contra el presidente de la Asamblea Nacional y 'número dos' del 'chavismo', Diosdado Cabello.

La jueza 12ª, María Eugenia Núñez, se ha acogido con ello, al menos temporalmente, a la tesis planteada por Cabello en la demanda que presentó el pasado 23 de abril contra estos 22 directivos por hacerse eco en sus periódicos de una información publicada por el español 'ABC' el 25 de enero, según la cual el jefe del Parlamento pertenecería a una red de narcotraficantes que actúa en Europa.

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Además, Núñez ha impuesto a todos los acusados la obligación de acudir una vez a la semana al juzgado para constatar que siguen en territorio venezolano.

Por hacerse eco en sus periódicos de una información publicada por el español 'ABC' el 25 de enero, según la cual el jefe del Parlamento pertenecería a una red de narcotraficantes que actúa en Europa

La jueza ha considerado que estas medidas cautelares son necesarias por "las presunciones razonables" de que hay riesgo de fuga y de obstaculización de la justicia por parte de los 22 acusados.

Cabello ha cargado contra estos medios de comunicación por reproducir el reportaje de 'ABC'. "Desde el día 27 de enero han venido en forma sistemática apareciendo múltiples informaciones de las que desprendemos el grave perjuicio que han generado sobre nuestro representado, su reputación y honor", reza la demanda.

Sin embargo, 'El Nacional' ha recordado que "la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al sentenciar el caso Mauricio Herrera Ulloa contra Costa Rica, el 2 de julio de 2004, reivindicó la doctrina del reporte fiel, según la cual no incurre en delito el que reproduce información de terceros".

'El Nacional' también ha señalado vicios procesales. "Después de admitir la demanda, en este caso el 5 de mayo, cada uno de los 22 acusados por Cabello debía ser citado personalmente por el tribunal, cosa que no habría sucedido", ha indicado, sosteniendo que se trata de "una violación del debido proceso".

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