El juez deja libre a Oleguer Pujol y le retira el pasaporte

El juez de la Audiencia Nacional ha dejado libre a Oleguer Pujol, pero le ha retirado el pasaporte, por lo que le prohíbe salir de España. La Fiscalía Anticorrupción había solicitado el ingreso en prisión sin fianza por la investigación de blanqueo. El juez ha escuchado durante casi cuatro horas a Oleguer Pujol, que ha declarado por primera vez desde que se inició la investigación.

El hijo pequeño del expresidente de la Generalitat de Cataluña Jordi Pujol, Oleguer Pujol, ha declarado este jueves como investigado ante el juez instructor de la Audiencia Nacional José de la Mata, en el marco de la investigación del presunto blanqueo de millonarias comisiones obtenidas en la operación de compra-venta de 1.152 sucursales del Banco Santander en 2007.

El magistrado no ha atendido la petición de la Fiscalía Anticorrupción, que ha reclamado su ingreso en prisión para evitar la continuación del delito

En un auto del pasado 13 de diciembre, De la Mata afirmó que el hijo menor del matrimonio Jordi Pujol y Marta Ferrusola firmó en noviembre de 2007 un contrato de compra de las sucursales del Banco de Santander por un total de 2.012.889.663,99 euros más 317 millones de euros de IVA actuando en representación de la sociedad limitada Samos Servicios y Gestiones.

El magistrado no ha atendido la petición de la Fiscalía Anticorrupción, que ha reclamado su ingreso en prisión para evitar la continuación del delito y atajar las "maniobras de opacidad" detectadas, después de escucharle en declaración durante cuatro horas.

Según los fiscales del caso, su ingreso el cárcel es el único modo de evitar que continúe con el blanqueo en la actualidad, lo que justificaría la aplicación de la medida cautelar por reiteración delictiva. En concreto, el fiscal José Grinda ha reseñado que las millonarias cantidades obtenidas en la operación de las oficinas bancarias fueron depositadas por Oleguer en una cuenta de Miami, después de que bancos españoles como La Caixa rechazaran ingresarlas.

La Abogacía del Estado y Podemos --personado en la causa como acusación popular-- no se han adherido a la petición del Ministerio Público.