Maza no ve delito en que Colau facilite el 1-O en Barcelona aunque la crisis con el PSC está asegurada

El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, ha defendido este jueves que no se puede actuar contra la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, por hablar de un acuerdo con la Generalitat de Cataluña para facilitar la votación de cara al próximo 1 de octubre en la Ciudad Condal aunque ha advertido que se investigará el contenido del mismo. La alcaldesa ha anunciado que se facilitarán locales para que se pueda votar el 1-O suscitando la reacción de sus socios de gobierno, el PSC, que ya han advertido de la ilegalidad del referéndum

Colau ha garantizado este jueves que el acuerdo alcanzado con la Generalitat "no entra en contradicción" con el informe del secretario municipal, que avisa de que ceder locales es inconstitucional, aunque ha declinado concretar los detalles del mismo.

El segundo teniente de alcalde de Barcelona, Jaume Collboni (PSC), también se ha llevado las manos a la cabeza y ha recordado a la alcaldesa que actúa fuera de la ley. Antes del anuncio de Colau había aseverado que "el Ayuntamiento de Barcelona no facilitará medios, ni locales para el 1-O, como indica el informe del secretario, por respeto a leyes y resoluciones judiciales".

"Quien organiza y convoca el referéndum es la Generalitat, e irá informando regularmente", ha asegurado la alcaldesa, que ha indicado que cumple las dos premisas con que trabajaba su gobierno municipal: permite la participación en la ciudad y no pone en riego ni a la institución ni a los funcionarios.

En declaraciones a Onda Cero recogidas por 'Europa Press', el fiscal general del Estado ha enfatizado que el hecho de que la regidora barcelonesa hable de una "solución" para facilitar la votación en la Ciudad Condal "no significa que exista compromiso para poner un local a disposición" del referéndum. "Decir eso no es nada punible", ha subrayado Maza, quien no ve "contenido penal" en esta declaración de Colau.

En cualquier caso, ha incidido en que habrá que esperar a ver en qué se concreta ese acuerdo para determinar si es necesario adoptar alguna medida contra la regidora de Barcelona, como ya se ha hecho con más de 700 alcaldes de toda Cataluña por pretender "cooperar" con la celebración del referéndum.

Estos regidores, ha recordado, se podrían enfrentar a delitos tan graves como los de desobediencia al incumplir una sentencia del Tribunal Constitucional o prevaricación al anteponer "su santa voluntad" sobre la ley e, incluso, a delitos de malversación, que conlleva penas de prisión, por el dinero público gastado para favorecer la votación convocada para el próximo día 1 de octubre.