Los auditores cargan contra el Gobierno: la Ley de Auditoría “tendrá efectos muy negativos” en el sector

El Gobierno tiene previsto aprobar el miércoles la Ley de Auditoría sin contar con la opinión de los auditores ni con las observaciones del Consejo de Estado, según denuncian en el sector.

Los auditores han criticado el reglamento a través del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España (ICJCE) y del Registro de Economistas Auditores del Consejo General de Economistas (REA-REGA). Ambas organizaciones consideran que el proyecto de Ley de Auditoría que la Comisión de Economía del Congreso de los Diputados aprobará el próximo miércoles 20 de mayo requiere "significativas mejoras técnicas".

Las corporaciones consideran que el “significativo número de enmiendas” presentadas al proyecto, 154, entre las que se incluyen propuestas del Partido Popular, algunas de más de 20 páginas, “demuestra que el actual texto del proyecto de ley requiere significativas mejoras técnicas en aras de aumentar la transparencia de la información financiera y la calidad de las auditorías”.

El actual texto del proyecto de ley requiere significativas mejoras técnicas en aras de aumentar la transparencia de la información financiera y la calidad de las auditorías

Estas dos organizaciones, informa Europa Press, han mostrado su "sorpresa" y "preocupación" ante la posibilidad de que se apruebe este proyecto de ley sin consensuar ninguna de las enmiendas presentadas por los grupos parlamentarios ni asumir las observaciones del Consejo de Estado y de las corporaciones de auditores. Esta aprobación, "con toda seguridad", producirá efectos "muy negativos" en los usuarios de los servicios de auditoría y en el trabajo de los profesionales del sector, advierten.

Los auditores señalan que en las últimas semanas todos los grupos parlamentarios han mostrado su interés en alcanzar un consenso, por lo que manifiestan su sorpresa por el cambio acontecido. El sector insiste por medio de un comunicado en que, por su carácter eminentemente técnico, los problemas de la ley no son de carácter político y que no existe un enfrentamiento entre el Gobierno y el sector, por lo que entiende que antes de su aprobación en el Congreso se debe retomar "el espíritu constructivo" con el que habían transcurrido las últimas semanas.

PREOCUPACIÓN

Los auditores recuerdan que han manifestado "de forma reiterada" su preocupación durante todo el proceso de elaboración de una ley "que va a contracorriente de Europa" y que "no recoge observaciones muy importantes del Consejo de Estado, algunas calificadas por el propio Cuerpo Consultivo de esenciales".

En opinión de los auditores, debería seguirse el dictamen del Consejo de Estado, que apuesta por una reducción en el número de Entidades de Interés Público (EIP) para evitar el incremento de los costes a muchos de los usuarios de los servicios de auditoría y a muchas empresas que se verán perjudicadas al aplicárseles medidas pensadas en Europa para bancos, compañías de seguros y compañías cotizadas.

Además, consideran que existen en el proyecto de ley otros "defectos", como el cumplimiento del régimen de independencia y de incompatibilidades previsto, el establecimiento de la prohibición de la presencia de profesionales con experiencia reciente en auditoría en el Comité Consultivo del ICAC, la inseguridad jurídica que se deriva de la redacción del régimen sancionador o las medidas "en claro detrimento de los pequeños y medianos despachos de auditoría", como el establecimiento de un límite de facturación aportado por un cliente.