Análisis | ¿Límite 48 horas? Presión para un acuerdo urgente en España tras el pacto independentista en Cataluña

Artur Mas ha cedido finalmente. Habrá gobierno catalán apoyado por la lista unitaria –Junts pel Sí- y por la CUP, después de que Artur Mas haya claudicado y permitido el nuevo presidente de la Generalitat sea el alcalde de Gerona –arrebató el feudo al PSC- y parlamentario e JxS, Carles Puigdemont, periodista y antiguo redactor jefe del periódico ‘El Punt’, un teórico de la secesión, que ha defendido en términos abruptos.

El esperpento ideado por Mas y encaminado por la vía del surrealismo, como en la fábula de Esopo, ha parido un minúsculo ratón. Quien encarna la solución planeada por los irrendentistas catalanes, desconocido para casi todo el mundo: los líderes soberanistas, que se creen investidos de un aura trascendente, juegan a la ruleta con el pueblo de Cataluña.

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En realidad, es hasta cierto punto lógico que las dos organizaciones que finalmente han sumado sus votos en pro de la causa independentista no hayan querido cargar con el peso de una negativa que hubiera frustrado la formación de un gobierno que, aunque no se basa en la mayoría de los ciudadanos, sí cuenta con la mayoría de los escaños de la cámara autonómica, una oportunidad para el soberanismo que no se hubiera repetido tras unas nuevas elecciones dado el constatado enfriamiento del ímpetu independentista (entre otras razones, por el escándalo que ha supuesto la negociación entre JxS, la fuerza política representante del centrismo burgués catalán, y la CUP, una formación radical, antisistema y anticapitalista).

Es de imaginar que este gobierno reemprenderá la senda delirante hacia la independencia

Es de imaginar que este gobierno reemprenderá la senda delirante hacia la independencia iniciada con la declaración de insurgencia del 27 de octubre que fue anulada por el Tribunal Constitucional al arranque de la legislatura. Lo que requerirá la respuesta adecuada de las instituciones estatales.

Se da, sin embargo, el caso de que el Gobierno español está en funciones, lo que no le resta un ápice de legitimidad, si bien le resta operatividad. la Ley 50 /1997 de 27 de noviembre, del Gobierno, sí estableció esas limitaciones. En concreto, en el artículo 21, ‘del gobierno en funciones’, señaló que el Ejecutivo en tales circunstancias “facilitará el normal desarrollo del proceso de formación del nuevo Gobierno y el traspaso de poderes al mismo y limitará su gestión al despacho ordinario de los asuntos públicos, absteniéndose de adoptar, salvo casos de urgencia debidamente acreditados o por razones de interés general cuya acreditación expresa así lo justifique, cualesquiera otras medidas”.

Se da, sin embargo, el caso de que el Gobierno español está en funciones, lo que no le resta un ápice de legitimidad

A continuación impide al presidente en funciones “proponer al Rey la disolución de las Cámaras; Plantear la cuestión de confianza; Proponer al Rey la convocatoria de un referéndum consultivo; Aprobar el Proyecto de Ley de Presupuestos; Presentar proyectos de ley al Congreso o, en su caso, al Senado y las delegaciones legislativas otorgadas por las Cortes quedarán en suspenso durante todo el tiempo que el Gobierno esté en funciones como consecuencia de la celebración de elecciones generales”. Es decir, pierde la capacidad de iniciativa legislativa y no podrá enviar a las Cortes proyectos de ley.

Parece claro, de cualquier modo, que ante la recomposición del frente independentista en Cataluña y la consiguiente formación de un gobierno decidido a proseguir la vía hacia la “desconexión” y la ruptura, no resulta tranquilizador que haya un gobierno disminuido al frente del Estado. Ahora sí que no se entendería que los cuatro grandes partidos que han obtenido resultados relevantes en las urnas no encuentren una vía de gobernabilidad. Una vía consensuada que incluya la reforma constitucional y la gestión del conflicto catalán.

Los partidos tienen la obligación de encontrar el camino adecuado, pero con los resultados obtenidos el 20D, lo lógico sería promover un gobierno de concentración en el que al menos participen PP, PSOE y Ciudadanos, encargado del día a día y de los asuntos mencionados, dispuesto a promover un gran consenso sobre las grandes cuestiones, a encauzar los problemas perentorios –el catalán en primer lugar- y a llevar a buen puerto las reformas requeridas.

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