El TSJC condena a Artur Mas a una inhabilitación de dos años por la consulta del 9N

Ya se conoce la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña contra el expresidente de la Generalitat Artur Mas y las exconselleras Joana Ortega e Irene Rigau por la consulta sobre la independencia de Cataluña el 9 de noviembre de 2014. El tribunal ha hallado a los acusados culpables de un delito de desobediencia, por lo que los ha condenado a una inhabilitación en el ejercicio de cargos públicos durante dos años, para Mas; de un año y nueve meses para Ortega; y de un año y seis meses para Rigau. Se enfrentaban a penas de 10 años para el expresident y 9 para las exconselleras. Durante una valoración en rueda de prensa, Mas ha asegurado que "volverían a hacer exactamente lo que hicimos, no nos arrepentimos". También ha explicado que recurrirán la sentencia.

La sentencia se ha dado a conocer a los acusados por lectura pública del presidente del TSJC y ponente de la misma, Jesús María Barrientos, en la sala civil y penal, la misma donde fueron a juicio. En la sentencia, todos los acusados han sido condenados también a pagar multas de 36.500 euros, en el caso de Mas, de 30.000 euros en el caso de Ortega y de 24.000 euros, Rigau.

Para que la sentencia entre en vigor, ninguna de las partes, ni la Fiscalía ni los condenados deben recurrirla ante el Tribunal Supremo

El juicio quedó visto para sentencia el 10 de febrero tras una semana: Mas aseguró en el turno de última palabra que no desobedecieron al Tribunal Constitucional (TC) con la consulta sobre la independencia, sino que "plantaron cara" al Gobierno español.

Ahora, para que la sentencia entre en vigor, ninguna de las partes, ni la Fiscalía ni los condenados deben recurrirla ante el Tribunal Supremo. De darse un recurso de la misma, quedaría en suspenso y no entraría en vigor hasta que el Supremo resolviera sobre el caso. Mas ya ha expresado su intención de recurrir la sentencia y de ir "hasta las últimas instancias de la justicia europea", si hace falta. El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, ha afirmado este lunes que no puede decir si el Ministerio Público recurrirá la condena de dos años de inhabilitación al expresidente de la Generalitat de Cataluña Artur Mas por desobediencia al organizar la consulta soberanista del 9N hasta que no se estudie a fondo la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).

REACCIONES A LA SENTENCIA

Las reacciones desde el mundo político no se han hecho esperar. El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, desde Twitter ha asegurado que es un "error" la sentencia por la consulta del 9 de noviembre de 2014 y la ha comparado con el anuncio este lunes de la primera ministra de Escocia, Nicola Sturgeon, de que solicitará autorización legal para celebrar un segundo referéndum de independencia.

En un apunte en Twitter, la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, ha enviado todo su apoyo a los condenados:

La diputada de la CUP, Anna Gabriel, ha lanzado también un mensaje dejando claro que "no actaran" la sentencia.

El exalcalde de Barcelona, Xavier Trias también ha expresado su apoyo:

En rueda de prensa, Sergi Sabrià (portavoz de ERC y diputado de Junts pel Sí) ha declarado que la sentencia es "indigna y antidemocrática" y ha transmitido "todo nuestro apoyo a Mas, Ortega y Rigau". "El Estado debe saber que no podrán frenar este proceso, llegaremos hasta al final. Si no somos unos, serán otros. O qué harán, ¿inhabilitarán a todos?", ha expresado.

Por otra parte, el diputado de Ciudadanos en el Parlament Carlos Carrizosa ha subrayado "que quede claro que en España no se juzga a nadie por sus ideas políticas, sí por desobediencia". "Ha quedado demostrado que los tres acusados sabían lo que hacían y desobedecieron a consciencia", ha señalado Carrizosa para quien los que antes se consideraban "salvapatrias, ahora se autoconsiderarán mártires.

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, también ha volcado su opinión desde su cuenta de Twitter.

A su turno, el secretario de organización del PSC Salvador Illa ha expresado su satisfacción porque "la condena sea la menor posible por el delito de desobediencia, descartando así la prevaricación, y aprovechamos para pedir que termina esta vía de judicialización".

El coordinador general del PP, Xavier García Albiol, ha valorado la sentencia como que "demuestra que el estado de derecho funciona y acaba poniendo a cada uno en su sitio". "Es un golpe muy duro para Convergència y para el Govern, y al mismo modo para aquellos políticos que continúan queriendo romper la sociedad catalana", ha señalado. Con todo, ha expresado su "tristeza" por el hecho de que "por primera vez en democracia un presidente haya sido condenado", ha concluido Albiol.

En el ámbito de la política española, el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha calificado este lunes de "vergüenza" la condena al expresidente de la Generalitat. "Artur Mas es el heredero del pujolismo; una de las peores expresiones de la Trama, pero que le condenen por poner urnas es una vergüenza", ha escrito Iglesias en su cuenta personal de Twitter poco después de conocer la sentencia.

EL JUICIO DE MAS, ORTEGA Y RIGAU

Mas: "La iniciativa política (del 9N) fue mía y de mi gobierno"

Durante su declaración, Artur Mas señaló que "la iniciativa política (del 9N) fue mía y de mi gobierno, lo quiero dejar claro desde el primer momento". Las directrices llegaban desde mi persona y el resto de miembros del gobierno siguieron mis directrices, lo que afecta al resto de acusados y también a Francesc Homs, que será juzgado por el Tribunal Supremo", aseguró Mas.

El exlíder catalán también indicó que "la iniciativa tenía raíces profundas, claras y democráticas". "No fe un capricho individual, ni una salida de tono, ni una ocurrencia. Fue la consecuencia de acuerdos parlamentarios, mandatos explícitos del Parlament de Cataluña y resultado de unas elecciones, las de 2012, que nadie impugnó", explicó Mas.

DECLARACIONES DE ORTEGA Y RIGAU

La exvicepresidenta Joana Ortega declaró que "la fundamentación legal (del 9N) era diferente. El proceso participativo se apoyaba en una ley no suspendida". Ortega también aseguró que ni en los días previos ni posteriores del proceso participativo recibió ni requerimientos específicos ni notificaciones del TC. "Ni el Govern ni yo teníamos claros los efectos de la providencia del TC porque la ejecución estaba en manos de los voluntarios".

Defendió durante su interrogatorio que, cuando el TC suspendió la consulta sobre la independencia, su departamento había finalizado su labor y se dejó en manos de los voluntarios: "Ellos fueron el alma y quienes lo hicieron posible".

Irene Rigau, por su parte, aseguró compartir "absolutamente" lo declarado por Mas y Ortega. La exconsellera de Ensenyament centró su declaración en el uso que se dio a los institutos públicos en la consulta y ha asegurado que "se informó del uso que se haría" de los centros educativos.