La imposible transversalidad en Cataluña
Los grandes conflictos democráticos se resuelven mediante recetas transversales, es decir, aproximando a los contendientes y buscando fórmulas de coexistencia que mitiguen la polarización y se fundamenten en los elementos que unen a los distintos colectivos, tratando de aparcar aquello que más lo separa. Sin embargo, tal estrategia parece de muy difícil aplicación en Cataluña.
El pleno parlamentario del miércoles en Barcelona, celebrado a las pocas horas de la detención de Puigdemont en Alemania, disparatado si se toma la referencia normativa del Estado de Derecho, se ha asemejado considerablemente a aquellas inquetantes sesiones parlamentarias que, bajo la batuta de Forcadell, se celebraron los días 5 y 6 de septiembre, en las que se vulneraron claramente los derechos de las minorías y se aprobaron disposiciones manifiestamente ilegales, la del referéndum y la de desconexión. Ambas fueron rápidamente anuladas por el Tribunal Constitucional y sus autores incurrieron en ilícitos penales (de los que fueron advertidos a su debido tiempo por los servicios jurídicos de la cámara catalana), que todavía están pendientes de depuración.
Este miércoles no se aprobaron normas (tan sólo declaraciones), por lo que lo ocurrido no tiene, a primera vista, trascendencia penal alguna, y surgieron en cambio tímidas propuestas de transversalidad, que tuvieron que abrirse paso trabajosamente entre la radicalidad de las posiciones mayoritarias. Los Comunes insistieron en la posibilidad de un gobierno técnico multipartidista y el PSC, por boca de Iceta, sugirió vagamente alguna solución basada en la palabra mágica, transversalidad.
Los Comunes insistieron en la posibilidad de un gobierno técnico multipartidista y el PSC, por boca de Iceta, sugirió vagamente alguna solución basada en la palabra mágica, transversalidad
En cuanto al grueso del nacionalismo, del contexto de la sesión se desprendió que no está en absoluto dispuesto a bajarse del disparadero y a regresar a la legalidad, sino que persiste en alinearse con las tesis más rupturistas de la CUP, que, pese a haber perdido en las últimas elecciones gran parte de su potencia electoral, sigue marcando la pauta con agresiva desfachatez, que pasa por alto los criterios ‘burgueses’ de la democracia parlamentaria.
Entre las cuestiones abordadas por el delirante pleno, destaca la resolución que reclama “la puesta en libertad inmediata de todos los diputados y exdiputados […] que están privados de la libertad”, como si una cámara legislativa pudiera dictar órdenes al poder judicial o al ejecutivo (no es la primera vez que el nacionalismo radical aboga por el final de la separación de poderes, una opción que horroriza a cualquier demócrata porque es el síntoma más inequívoco de las derivas autoritarias). También se aprobó otra resolución en la que se pide al Parlament que tome “todas las medidas necesarias” para garantizar los derechos políticos de Carlos Puigdemont, Jordi Turull y Jordi Sánchez, como si la cámara catalana pudiera emitir alguna patente de impunidad que liberara a ciertos individuos de sus responsabilidades personales… Y, en cambio, no prosperó una propuesta del PSC para condenar “los actos vandálicos o violentos”, como ataques a sedes de partidos y acoso a políticos… ¿Qué se quiso expresar con tal negativa?
En este marco, las propuestas de transversalidad, que son plausibles en abstracto, se reciben con gran escepticismo, a menos que se produjese la ruptura de Junts x Catalunya, que no sería imposible pero que parece improbable. La propuesta de una alianza ente ERC, el PSC y los Comunes que el miércoles sobrevoló la Cámara, y que sólo reuniría 57 escaños de 135, es insuficiente, y no obtendría el plácet del PSOE por razones obvias (ya han tropezado demasiadas veces los socialistas en el nacionalismo de ERC). Asimismo, la posibilidad de que los Comunes apoyen (en lugar de la CUP) el pacto natural entre JxCat y ERC es muy remota, ya que Podemos quedaría seriamente marcado en el resto del Estado, con consecuencias electorales catastróficas. Y un gobierno impulsado por JxCat, ERC y la CUP, con un candidato ‘limpio’, parece poco viable a esas alturas.
La otra opción, que es la que parece más probable, es la de unas nuevas elecciones, a las que no podrán presentarse los políticos ya imputados si para entonces el procesamiento dictado por el instructor Llarena ha adquirido firmeza. En este caso, será de aplicación el artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que establece la suspensión automática para ejercer cargo público de cualquier persona “integrada o relacionada con bandas armadas o individuos terroristas o rebeldes” una vez que haya un auto de procesamiento firme y se haya decretado su ingreso en prisión.
Para entonces, el malestar experimentado por la sociedad catalana ante las presiones arbitrarias y violentas de los CDR (Comités de Defensa de la República), mimados por la CUP, podría haberse exacerbado, con consecuencias negativas para el independentismo. Asimismo, la decadencia de Cataluña, con el turismo y el comercio a la baja, podría haber hecho recapacitar a quienes llegaron a creerse la Arcadia feliz que pintaron Puigdemont y os suyos para describir la maravilla de una Cataluña independiente.