La operación de la Guardia Civil por la presunta financiación irregular de Convergència se salda con 18 detenidos

La Guardia Civil ha detenido este jueves a 18 personas por diversos presuntos delitos, durante la operación que ha realizado vinculada a la presunta financiación irregular de CDC, en la que ha practicado 24 entradas y registros. Según ha informado la Fiscalía Anticorrupción en un comunicado, los hechos incluyen los delitos de organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, prevaricación, financiación ilegal de partidos políticos, blanqueo de capitales y malversación de caudales públicos.

Entre los detenidos durante el registro han estado el presidente del Puerto de Barcelona, Sixte Cambra; el exdirigente de CDC Francesc Sánchez; el director de la empresa municipal barcelonesa Bimsa, Ángel Sánchez; el exconcejal de CDC en Barcelona Antoni Vives y el exgerente municipal barcelonés Constantí Serrallonga.

Según informan 'El Español' y 'El Confidencial', la operación es la continuación de la ejecutada en 2015, por la que se detuvo al tesorero de CDC, Andreu Viloca; al secretario del patronato de la fundación Catdem y exgerente de CDC, Carles del Pozo. Las investigaciones policiales se centran en la financiación ilegal de la antigua Convergència a través, precisamente, de Catdem, fundación próxima al partido de Mas.

La operación contempla el registro o petición de información a las empresas públicas Infraestructuras.cat, Autoridad Portuaria de Barcelona y Entidad Pública BIMSA

La operación, dirigida por el juzgado de instrucción número uno del Vendrell (Tarragona), se centra en la licitación pública de contratos amañados con tres empresas, que como contraprestación realizaban donaciones a fundaciones satélite del partido catalán.

Durante la operación, se están registrando también los domicilios de varios empresarios y se contempla el registro o petición de información a las empresas públicas Infraestructuras.cat, Autoridad Portuaria de Barcelona y Entidad Pública BIMSA. El presidente del Puerto de Barcelona, Sixte Cambra, ha sido requerido por la Policía a estar presente durante la inspección de su despacho en lo que se ha denominado una 'detención técnica'.

Es la primera vez que una empresa pública de Barcelona se ve implicada en el caso de la financiación ilegal de Convergècnia y en uno de los operativos está presente el exconcejal de CDC en Barcelona Antoni Vives, han informado a Europa Press fuentes de la investigación. Por este motivo, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha convocado una reunión con los presidentes de los grupos municipales con el fin de abordar la operación abierta por la Guardia Civil.

ZOIDO DESVINCULA LA 'OPERACIÓN PIKA' DE LA OFENSIVA INDEPENDENTISTA

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha desvinculado la operación de la Guardia Civil desarrollada este jueves contra la presunta financiación irregular de CDC de la estrategia del Gobierno para hacer frente "con la ley" al desafío de los partidos independentistas en Cataluña.

En una entrevista en la Cadena Ser recogida por Europa Press, Zoido ha recordado que es la cuarta vez que se realiza una operación con registros por la presunta financiación irregular de CDC y que, como en otras ocasiones, "no depende de lo que quiera la Guardia Civil" sino que es "una instrucción de la Fiscalía Anticorrupción".

LA OPERACIÓN PETRUM

250 agentes se han desplegado en Barcelona, Girona y Lleida en el marco de una investigación por la presunta financiación irregular de la antigua CDC en una operación que es continuidad de 'Petrum'.

La 'operación pika' es la continuación de la detención de la Guardia Civil en julio de 2015 del consejero delegado de la empresa Teyco, Jordi Sumarroca, y de que a finales de agosto de 2015 registrase la sede central de Convergència en una investigación por el presunto cobro de comisiones a cambio de obra pública dentro de la 'Operación Petrum'.

Durante el registro del despacho de Sumarroca, la Guardia Civil encontró en la caja fuerte un documento con el logotipo de su empresa, Teyco, que contiene cifras manuscritas que los investigadores sospechan que podrían corresponderse con el porcentaje del 3% que podría haber cobrado el partido en diversas concesiones de obras públicas a través de su fundación afín, CatDem.