La eurodiputada Ana Miranda (BNG) reclama medidas contra la corrupción, que le cuesta 904.000 millones al año a la UE
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 8 (EUROPA PRESS)
La eurodiputada del BNG, Ana Miranda, ha realizado un llamamiento a la lucha "firme y real" contra la corrupción que le cuesta a la Unión Europea 904.000 millones de euros anuales, según los datos de un informe elaborado por el grupo Verdes-ALE, del que forma parte el Bloque.
"Los Estados, y en concreto el español, no pueden seguir mirando hacia otro lado, y desde el BNG instamos a que la Comisión Europea revise las prácticas de los Estados miembros contra la corrupción", ha destacado Ana Miranda, que tacha de "vergonzoso" el coste también de la corrupción en España, y que, según el mismo informe, alcanza los 90.000 millones de euros anuales.
La eurodiputada nacionalista recuerda que ya en 2017 la propia Comisión Europea alertó del "impacto sistémico de la corrupción en la economía", que se considera como generalizada por el 95% de la ciudadanía.
Aunque se trata de un "problema europeo del que ningún país se libra", Miranda puntualiza que esto no supone que en España no se produzca una situación "tremendamente preocupante", ya que presenta unas "cifras tremendamente altas que lastran la recuperación económica y la inversión en servicios públicos".
Ante esto, Miranda ha presentado una batería de enmiendas al Informe sobre las investigaciones, llevado a cabo por la Oficina Europea Anti-Fraude, con el objetivo de que los fondos europeos sean controlados de forma más rápida y transparente.
Entre otras medidas concretas, propone el incremento de la financiación de las actividades de lucha contra la corrupción, el refuerzo de la Fiscalía Europea, así como la intensificación de la cooperación entre la OLAF y el Fiscal Europeo, mediante el aumento de las reuniones periódicas para tratar las investigaciones en curso e identificar posibles vínculos entre casos diferentes.
Entre las propuestas presentadas por el Bloque también figura la necesidad de garantizar la máxima protección para denunciantes, periodistas y ONG que investigan los casos de corrupción.