La Comunidad de Madrid reconoce el espionaje político en la época de Esperanza Aguirre
El informe de los abogados apunta que se realizaba “tareas de seguimiento y control”
- Una tarea que se llevaba a cabo con asalariados, material y fondos públicos
- Ignacio González y Francisco Granados estarían implicados en este caso
El Gobierno de la Comunidad de Madrid, presidido por Cristina Cifuentes, ha admitidio ante el juez que investiga este caso. Según señala la Cadena Ser, el Ejecutivo que lideraba Esperanza Aguirre realizaba “tareas de seguimiento y control” a políticos del propio Partido Popular.
Según amplía el diario El País, el escrito enviado por los abogados del Gobierno regional certifica estos seguimientos ilegales. Además señala que se utilizaban a asalariados, fondos y material público para poder realizar estos seguimientos. Un acto que señala directamente a la actual portavoz del PP en la oposición a Manuela Carmena en el Ayuntamiento de Madrid.
El seguimiento que se produjo en 2008 cuando dentro del partido existía una gran división interna en el PP. La nueva victoria electoral del José Luis Rodríguez Zapatero, un grupo liderado por Aguirre buscaba un nuevo líder del partido que fuese capaz de sacar al PSOE del Gobierno.
El seguimiento que se produjo en 2008 cuando dentro del partido existía una gran división interna en el PP
El grupo de seguimiento se centró en dos personas del partido alineadas con Rajoy. El exvicealcalde Manuel Cobo (mano derecha de Alberto Ruiz-Gallardón que compitió con Aguirre por la presidencia del PP de Madrid en 2004), el exconsejero Alfredo Prada y el extesorero del PP Álvaro Lapuerta. Todo ello se realizaba a través de la Consejería de Interior, que en 2008 estaba presidida por Francisco Granados, en la actualidad en prisión por la trama Púnica.
Los abogados de la Comunidad de Madrid apunta que los guardia civiles y policías implicados en esta trama “cumplieron las órdenes dadas por sus superior” apunta la información de El País. Un declaración que surge a raíz de la declaración el pasado 4 de marzo de dos ex guardias civiles y un técnico regional, que implicaba a Esperanza Aguirre, Ignacio González y Francisco Granados.