Junqueras y los exconsejeros de ERC acatan el 155 y omiten la vía unilateral apostando por la negociación

El exvicepresidente de la Generalitat de Cataluña Oriol Junqueras y el resto de exconsejeros de ERC encarcelados desde el pasado 2 de noviembre han remitido un escrito al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena en el que piden su puesta en libertad y dicen acatar la aplicación del artículo 155 de la Constitución, si bien afirman que no renuncian a sus convicciones políticas, aunque las defenderán por "las vías del diálogo y la negociación".

En el escrito presentado al nuevo instructor de la causa por rebelión, sedición y malversación de caudales públicos en la que están imputados los antiguos miembros del Govern, la defensa de Junqueras, Raül Romeva, Carles Mundó y Dolors Bassa asegura que todos "aceptaron y aceptan la aplicación del artículo 155 desde la más profunda discrepancia política y jurídica" y que "no renuncian a defender sus convicciones políticas por vías estrictamente pacíficas y democráticas y trabajarán con el objetivo de alcanzar un acuerdo que permita poner en manos de la ciudadanía la decisión sobre el futuro político de Cataluña".

Eso sí, los exconsejeros recuerdan que "ninguno ocupa actualmente posiciones de poder institucional que les permitan tomar decisiones susceptibles de generar un riesgo de reiteración delictiva", y en el caso de que "en el futuro" volvieran a ostentar algún cargo público "están firmemente comprometidos a canalizar su actuación por las vías del diálogo y la negociación".

Este compromiso es el que han presentado los altos cargos cesados en el escrito presentado en el Tribunal Supremo para pedir su puesta en libertad en el que además esgrimen que se presentan a las elecciones del 21 de diciembre para justificar que no hay riesgo de fuga.

Según han explicado a 'Europa Press' fuentes judiciales, se solicita la puesta en libertad provisional para los consellers cesados que están en listas electorales: Josep Rull, Jordi Turull, Joaquim Forn, además de Sànchez (JuntsxCat), Oriol Junqueras, Raül Romeva, Dolors Bassa y Carles Mundó (ERC).

Además, piden volver a declarar para que el magistrado Pablo Llarena pueda conocer las circunstancias familiares y personales de cada uno y el hecho de que van a presentarse a las elecciones, para que pueda evaluar si sigue habiendo riesgo de fuga o de reiteración delictiva.

El principal argumento será el hecho de que se presentan a las elecciones convocadas por el Gobierno en base al artículo 155 de la Constitución y que son candidatos que prevén hacer campaña electoral.

Los cuatro exconsellers del PDeCAT --Jordi Turull, Josep Rull, Joaquim Forn y Meritxell Borràs-- y los otros cuatro de ERC --Oriol Junqueras, Raül Romeva, Dolors Bassa, Carles Mundó-- están en prisión desde el 2 de noviembre, cuando declararon ante la jueza Carmen Lamela, entonces instructora de la causa.

En aquella ocasión, todos ellos se negaron a contestar a las preguntas de la Fiscalía y la magistrada les envió a prisión por posibles delitos de rebelión, sedición y malversación de caudales públicos. Jordi Sànchez y el presidente de Òmnium, Jordi Cuixart, también se encuentran en prisión provisional, en su caso desde el 16 de octubre.

EL CASO PASA AL TS

Precisamente, este lunes la jueza de la Audiencia Nacional ha remitido al magistrado del alto tribunal la causa contra el Govern de Carles Puigdemont y contra los presidentes de la ANC y Òmnium Cultural, después de que Llarena ordenase el viernes pasado acumular la investigación sobre el proceso independentista que concluyó con la declaración unilateral de independencia de Cataluña hace hoy un mes.

Si Llarena decidiese finalmente citar a los exconsellers catalanes, Sànchez y Cuixart, se trataría de la primera declaración en el alto tribunal tanto para los ocho exmiembros del Govern encarcelados como para los líderes de las entidades soberanistas.

Tanto unos como otros han solicitado su puesta en libertad en reiteradas ocasiones, cuando la causa estaba en la Audiencia Nacional, tanto a Lamela como a la Sala de lo Penal.

Los exconsellers y los presidentes de ANC y Òmnium quieren aprovechar el cambio de juez y tratar así de dar un giro a la medida cautelar ordenada por Lamela, sobre todo viendo lo que ocurrió con los miembros de la Mesa del Parlament, incluida la presidenta Carme Forcadell, quienes sí han estado imputados ante el Supremo desde el principio.

Tanto Forcadell como Lluís Corominas, Lluís Guinó, Anna Simó y Ramona Barrufet consiguieron eludir la prisión incondicional y que el juez les impusiese fianzas después de que renunciaran ante Llarena a la vía unilateral y acatasen la aplicación del artículo 155 de la Constitución.