Junqueras propone que los votantes del 9N aporten 2,10 euros para salvar a Mas

Si cada uno de los votantes de la consulta soberanista que se celebró el 9 de noviembre de 2014 contribuyeran con 2,10 euros a un fondo común, se podría saldar la sanción económica que el Tribunal de Cuentas pretende imponer a sus organizadores. Es la propuesta del vicepresident de la Generalitat, Oriol Junqueras, que pretende con la creación de lo que denomina una “caja de resistencia”, que salvaguardaría el patrimonio de Artur Mas, Joana Ortega, Irene Rigau i Francesc Homs, con el que deberán hacer frente a la multa de más de cinco millones de euros.

Así se ha expresado en sendos artículos en 'El Nacional' y 'El Punt Avui', después de que el republicano ya haya apuntado esta idea tras conocerse que el alto tribunal pretende reclamar a los autores políticos del 9N el coste de la votación al erario público. En una carta publicada en ambos medios, lamenta la subida de tono del Gobierno y las amenazas sobre el patrimonio que se plantean desde el Estado a quienes sean colaboradores de la organización del 1 de octubre. También se pregunta si serán capaces de llegar al punto de dejar sin casa a las familias de quienes sean coautores del referéndum.

En el artículo, Junqueras vuelve a defender la idea que ya apuntó tras conocerse la decisión del Tribunal de Cuentas de que perseguir el patrimonio de los responsables de la consulta del 9N no frenará el referéndum. "Si el precio del 1-O fuera de cinco millones de euros, teniendo en cuenta que más de dos millones de personas votaron en el consulta del 9N, sale a dos euros por cabeza. Tenemos dos euros por cabeza", ha proclamado, pidiendo a la gente que no se deje intimidar y vaya a votar el 1 de octubre.

El vicepresident ha ironizado incluso que le parece más que asumible que el precio sea de dos euros por cada votante del 9N y asegurado que harán el 1-O incluso si cuesta cuatro euros por cabeza: "Hay millones -de personas- que si éste es el precio, pagarán gustosos. A menudo nos tocar pagar mucho más".

REACCIONES DESDE EL PP

El vicesecretario de comunicación del PP, Pablo Casado, ha rechazado este viernes la propuesta de Junqueras de crear una caja de resistencia para cubrir a Mas y ha considerado que es una "colecta" que pretende eludir responsabilidades.

"Más allá de hacer colectas, más allá de intentar echar la culpa a quien no la tiene, es importante que no se vuelvan a cometer esos errores y que no se vuelva a incurrir en un gasto público para cometer una ilegalidad", ha argumentado Casado en declaraciones a los medios en Barcelona tras participar en un encuentro con miembros de Fomento del Trabajo.

Casado ha sostenido que "cada uno es responsable de las ilegalidades que haya podido cometer", y ha subrayado que hay que respetar las decisiones judiciales.

El dirigente popular ha instado al Govern a cumplir la legalidad: "Están a tiempo para evitar una confrontación que no conduce a ningún sitio", ha avisado, y ha afirmado que el Gobierno central está dispuesto a hablar entre todas las comunidades autónomas de cómo gestionar España.

"Si una parte de la tripulación de un barco no está a gusto, lo que no tiene sentido es que se ponga a destruir una parte del barco, porque se hundiría; podemos hablar de cómo compartimos el timón", ha sostenido. "Aquí no hay un choque de trenes, aquí hay un muro que es el de la legalidad, que ni se mueve ni se puede mover", ha añadido.

MAS DEBERÁ PAGAR POR EL 9-N

El Alto Tribunal ha iniciado los trámites para exigir al ex president de la Generalitat, Artur Mas, y al resto de responsables políticos del 9-N que asuman el coste al erario público de la consulta soberanista. Ha emitido los autos que abren el procedimiento para exigir a Mas y al resto de responsables políticos de la votación 5,12 millones de euros.

Mas, por su parte, Mas ha calificado la investigación abierta por el Tribunal de Cuentas sobre su responsabilidad en la consulta soberanista del 9-N es "insólita e impresentable". En declaraciones a los medios, Mas ha dicho que el propósito es "una vez mas dar miedo y asustar a la gente", y ha preguntado cómo alguien en España puede ser juzgado dos veces por lo mismo.

Ha lamentado que el Tribunal de Cuentas quiere juzgarle por otra cosa: "Esto no es presentable desde el punto de vista de un Estado de Derecho, y demuestra que es un Estado de no Derecho", y ha dicho que una cosa que ha sido juzgada no se puede juzgar otra vez.