Impuestos a rentas altas, nacionalizaciones y empresas públicas: el plan de reconstrucción de IU

Izquierda Unida ha elaborado una propuesta de plan de reconstrucción para hacer frente a la crisis del coronavirus, en el que defiende la movilización de 155.000 millones de euros para impulsar políticas de gasto público e inversión. Para financiarlo, apuesta por incrementar la deuda pública en 64.000 millones de euros, y por poner en marcha una reforma fiscal que implique más impuestos para rentas y patrimonios "elevados", según informan fuentes de IU a Europa Press.

La organización que lidera el ministro de Consumo, Alberto Garzón, aprobó en su última reunión de la dirección elaborar esta propuesta, para trasladarla después a Unidas Podemos --el espacio del que forman parte--, con el objetivo de contribuir al debate abierto sobre las medidas necesarias para afrontar la reconstrucción tras la pandemia.

En su documento de 450 páginas, que lleva por título 'Horizonte país', IU recoge hasta 400 medidas y propuestas concretas, como por ejemplo, incrementar un 20% el gasto en Sanidad y un 30% el gasto en Educación; o extender la gratuidad de la enseñanza pública a los estudios universitarios.

Asimismo, defienden la creación de una red amplia de residencias geriátricas públicas, de centros de día y atención domiciliaria; y la creación de una empresa farmacéutica pública con capacidad de actuar en la fabricación y distribución de medicamentos.

SUBIR EL SMI A 1.200 EUROS Y CONTRATOS DE UN AÑO COMO MÍNIMO

También proponen incrementar el salario mínimo hasta los 1.200 euros al mes; un ingreso mínimo vital del 80% del SMI; aumentar la duración mínima de contratos de 12 meses (salvo campañas específicas); y la aprobación del 'Plan de Trabajo Garantizado', que alcanzaría en la primera etapa a parados y paradas de larga duración (1 millón de personas), para realizar trabajos socialmente útiles.

Asimismo, apuestan por convertir Bankia en un "servicio público vinculado a las políticas económicas y sociales"; intervenir en el mercado mayorista de electricidad "para mantener congelados los precios de los consumidores finales" y rebajar el 20% el recibo de la luz; la creación de una empresa pública de generación "o nacionalización de una existente"; y la creación de una empresa pública de conservación y construcción de infraestructura.

DEROGACIÓN DEL PACTO DE ESTABILIDAD

Además, piden la derogación definitiva del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, y las reglas fiscales asociadas al mismo; la modificación de los Estatutos del Banco Central Europeo (BCE) para que financie directamente los Estados con fondos necesarios para impulsar el Plan de Reconstrucción; y la derogación la reforma del artículo 135 de la Constitución.

Todas las medidas que proponen supondrían, según sus cálculos, una movilización de más de 155.000 millones de euros para impulsar políticas de gasto público (97.787 millones) e inversión (57.480 millones), cuya ejecución "no podría completarse en su totalidad hasta la conclusión de 2022".

En cuanto a la financiación, proponen que a corto plazo se realice "mediante el recurso a la deuda pública", aunque defienden que "el mecanismo fundamental con el que se abordará el Plan Horizonte País será una reforma fiscal que modificará la tributación existente e implementará nuevas figuras tributarias".

A este respecto, fuentes de IU explican que su propuesta no pasa por "una subida de impuestos generalizada, ni mucho menos", sino que la carga fiscal del conjunto de medidas implicará más contribución "únicamente a un 3% de los contribuyentes".

SUBIDA DEL IRPF PARA RENTAS SUPERIORES A LOS 120.000 EUROS

En concreto, proponen transformar el Impuesto sobre el Patrimonio en un Impuesto sobre la Riqueza y Grandes Fortunas, y que paguen un 1,5% de Impuesto sobre el Patrimonio --frente al 0,17% actual-- quienes poseen más de 1 millón de euros.

También defienden el establecimiento de un mínimo y máximo estatal en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, y que quienes hereden cantidades superiores al millón de euros no puedan beneficiarse de bonificaciones, y "reducir la exención del 60% del rendimiento de los alquileres de viviendas de lujo".

Asimismo, piden "que los bancos paguen un 1% en el impuesto a los depósitos en vez del insuficiente 0,03% actual para devolver el rescate", Incrementar los tipos del IRPF a partir de 120.000 euros anuales de rentas del trabajo, e incrementar también los tipos para quienes reciben rentas del capital por encima de 60.000 euros al año.

Además, reclaman un impuesto sobre transacciones financieras para quienes compran acciones, renta fija o especulan con derivados, e implementar tributos ecológicos que no caigan sobre las rentas bajas.

REESTRUCTURACIÓN DEL CAPITALISMO COMO CONSECUENCIA DEL CORONAVIRUS

La Coordinadora Federal --el máximo órgano ejecutivo de IU-- aprobó en su última reunión un documento en el que defendía la elaboración de este plan, con el objetivo de contribuir al debate sobre la reconstrucción con una propuesta alternativa que vaya "más allá de un 'Plan Marshall' pergeñado por las élites" que, según IU, "únicamente pretenderán poner solo un paréntesis temporal al neoliberalismo".

En dicho texto, al que tuvo acceso Europa Press, IU justifica todas estas medidas argumentando que la crisis del coronavirus va a acelerar el "proceso de reestructuración del capitalismo a escala global" y "pone de manifiesto la caducidad del modelo de país construido en España en las últimas cuatro décadas".

"El golpe seco que ha supuesto la emergencia sanitaria y el desplome económico que anticipa, nos obliga a afrontar la profunda crisis civilizatoria ante la que nos hallamos y el desafío común de nuestro tiempo es ofrecer una respuesta democrática y justa que no se deje a nadie atrás, especialmente a quienes son más vulnerables", defienden.

En la elaboración de este plan de reconstrucción han participado más de medio centenar de personas, entre miembros de la dirección y expertos como la antropóloga Yayo Herrero; la eurodiputada de Unidas Podemos y jurista María Eugenia Rodríguez Palop; el economista Fernando Luengo; el presidente del Sindicato de los Técnicos de Hacienda (Gestha), Carlos Cruzado; o la directora general de Consumo y economista Bibiana Medialdea.