Forcadell acata el 155 ante el Supremo y matiza la DUI

La presidenta del Parlamento de Cataluña, Carme Forcadell, ha asumido este jueves ante el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena la aplicación del artículo 155 de la Constitución que conllevó a la disolución de la cámara legislativa catalana y ha matizado las consecuencias jurídicas que a su juicio debe tener la declaración de independencia unilateral (DIU) que fue aprobada el pasado 27 de octubre.

En concreto, la política catalana ha matizado que la DIU aprobada en la cámara que preside era "declarativa" y simbólica", por lo que no tenía valor jurídico.

Así lo han confirmado a Europa Press fuentes jurídicas que añaden que en esa misma línea han declarado el resto de exmiembros de la Mesa del Parlament que han sido interrogados hasta el momento, que son Lluís María Corominas y Lluís Guinó.

Las mismas fuentes han destacado que los fiscales Fidel Cadena, Consuelo Madrigal primero, y Javier Zaragoza y Jaime Moreno (han sustituido a los anteriores al empezar la declaración de la cuarta investigada, Ana Simó), han incidido durante su interrogatorio sobre si las intenciones de los parlamentarios eran violentas, lo que ellos han negado. Han reconocido no obstante que sus llamamientos pacíficos pudieron terminar en incidentes en las calles aunque ésta no fuera su intención.

Aparte de ellos tres, también son investigados Anna Simó, Ramona Barrufet, también miembros de la Diputación Permanente del Parlament, y Joan Josep Nuet. Este último es el único no aforado, al no estar actualmente en la Diputación Permanente del Parlamento de Cataluña.

Forcadell ha defendido a lo largo de su declaración que siempre ha permitido el debate sin prejuzgar el resultado ni controlar el contenido

ACTUÓ PARA PERMITIR EL DEBATE

Según otras fuentes presentes en la declaración citadas por Europa Press, Forcadell ha defendido a lo largo de su declaración que siempre ha permitido el debate sin prejuzgar el resultado ni controlar el contenido, con el fin de preservar el derecho a la actividad parlamentaria y el debate libre.

A su juicio, evitar un debate parlamentario habría sido un incumplimiento de la legalidad aplicable a la Mesa del Parlamento, de la legalidad internacional y de los principios del Estado Democrático.

Por ello, ha defendido que en todo momento ha cumplido con sus funciones como presidenta defendiendo la soberanía del Parlament y los derechos fundamentales como la libertad de expresión y el derecho de iniciativa de los diputados.

En respuesta a las preguntas que le han realizado los fiscales Fidel Cadena y Consuelo Madrigal, esta última exfiscal general del Estado, la presidenta del Parlament explicado que como presidenta no puede hacer un control de fondo de las iniciativas parlamentarias y que como presidenta no tiene reconocida ninguna libertad para impedir votaciones.

La presidenta del Parlament también ha opinado que el TC no puede actuar de forma previa como filtro o censura

Sobre las resoluciones del Tribunal Constitucional, ha defendido que este órgano a su juicio no puede actuar de forma previa como filtro o censura, sino que en todo caso lo hace a posterior.

Finalmente, y sobre sobre los incidentes ocurridos en Barcelona a raíz del denominado 'procés', Forcadell ha explicado que siempre ha defendido el pacifismo en todas las movilizaciones y proyectos políticos. Que la vía pacífica es la única posible para hacer realidad los proyectos políticos.

Los parlamentarios están siendo preguntados por los actos que realizaron para facilitar los debates parlamentarios que culminaron con la declaración unilateral de independencia (DUI) del pasado 17 de septiembre por los fiscales Fidel Cadena y Consuelo Madrigal. Las tres declaraciones restantes serán llevadas por los fiscales Javier Zaragoza y Jaime Moreno, han apuntado fuentes del Ministerio Público.

CAMBIO DE ESTRATEGIA

Tanto Forcadell como Corominas y Guinó, los únicos que han declarado hasta el momento, han accedido a responder a todas las preguntas de la fiscalía, tal y como informa EFE citando a fuentes judiciales. Esto supondría un cambio de estrategia con respecto a la que han mantenido hasta ahora, así como con respecto los exconsellers cesados que se encuentran encarcelados tras la decisión de la Audiencia Nacional.

Por otro lado, el juez Pablo Llarena ha reclamado al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que le remita la causa en la que investiga a los miembros de la Mesa del Parlament, lo que podría ser un primer paso en la agrupación de los procedimientos abiertos por del proceso soberanista. De hecho, fuentes jurídicas han informado a la agencia de noticias EFE de que Llarena ya ha solicitado la causa 1/2016 al TSJC, tribunal que ahora tendrá que decidir si acepta esa petición o si defiende su competencia para investigarles por delitos de desobediencia y prevaricación.

Actualmente, el juzgado número 13 de Barcelona investiga los preparativos y la celebración del referéndum del 1-0, el Supremo a los miembros de la Mesa, la Audiencia Nacional a los exmiembros del Govern y a los presidentes de la ANC y Omnium y el TSJC tiene abiertas dos causas contra la Mesa del Parlament y el Govern.