El TSJC abre investigación a la consellera Borràs por la licitación de urnas del referendum

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha abierto investigación a la consellera de Gobernación de la Generalitat, Meritxell Borràs, y al ya exsecretario general del departamento, Francesc Esteve Balagué, por la licitación de compra de urnas.

El TJSC ha admitido la querella de la Fiscalía General del Estado por los supuestos delitos de desobediencia, prevaricación continuada y malversación de caudales públicos, ha informado en un comunicado.

Ambos han recibido la querella este mismo martes en la Generalitat acompañada de los demás miembros del Govern, con los que Borràs se había encontrado en la reunión semanal del Consell Executiu.

La portavoz de la Generalitat, Neus Munté, ha asegurado este martes que no hay "ninguna base jurídica" en la querella de la Fiscalía General del Estado contra Borràs y Esteve. Así lo ha expresado en rueda de prensa posterior al Consell Executiu. "Es una querella preventiva sin ninguna base jurídica. El tiempo que ha transcurrido desde el anuncio de la querella hasta que se ha aceptado por parte del TSJC da credibilidad a nuestro planteamiento", ha sostenido.

RESOLUCIÓN DEL TSJC

La querella sostiene que ninguna ley en que se ampara este acuerdo marco para el suministro de urnas puede servir de apoyo a la intención de hacer un referéndum

El TSJC considera que la querella de la Fiscalía recoge "indicios suficientes" para investigar a Borràs y Esteve por estos delitos, en relación a unos hechos que ve de fácil constatación, al haberse publicado en los diarios oficiales. En su resolución, el TSJC recuerda que la Fiscalía relata que Borràs, con la intención de celebrar un referéndum para crear un Estado catalán independiente, dictó un acuerdo marco para el suministro de urnas, que fue firmado por Esteve.

La licitación, con un valor estimado del contrato de 200.000 euros, era para dos clases de urnas: unas transparentes y otras de cartón, recuerda el TSJC. Aunque este acuerdo marco no contempla la inmediata disposición de fondos públicos, sí alude a que el "pago a las empresas contratistas se efectuará contra prestación de factura" a la Conselleria de Gobernación.

La querella sostiene que ninguna ley en que se ampara este acuerdo marco para el suministro de urnas puede servir de apoyo a la intención de hacer un referéndum, que la Fiscalía sostiene que es el motivo que les ha llevado a licitar las urnas.

Recuerda que hay un convenio de colaboración entre Estado y Generalitat para celebrar elecciones, por el cual el Estado cede materiales para las votaciones, lo que "privaría de sentido" que el Govern adquiera este material -en el caso de que fueran para unas elecciones ordinarias- ya que podría contar con él gratuitamente.

Tras la primera querella, la Fiscalía presentó una ampliación aludiendo al anuncio del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, que "con toda solemnidad" manifestó su intención de celebrar el referéndun el 1 de octubre con la pregunta: '¿Quiere que Cataluña sea un Estado independiente en forma de República?'.

Dos días más tarde -señalaba la Fiscalía y recoge ahora el auto del TSJC- se celebró un acto convocado por las entidades independentistas que contó con la presencia de Borràs y del resto de miembros del Govern, "en el que se reafirmó" la voluntad del referéndum.

SEÑALA A LAS EMPRESAS

Otro punto que recoge la querella es que dos empresas concurrieron en el proceso de licitación de urnas, y les señala directamente porque su "intervención podría facilitar los fines pretendidos por los querellados, además de significar la realización de un acto ilícito".