El Supremo revisa la suspensión del juez Santi Vidal por participar en la Constitución catalana
El juez pedirá que el presidente del CGPJ dimita si el Tribunal Supremo da la razón a Vidal
- El TS estimó que incumplió el deber básico de fidelidad a la Constitución y al ordenamiento jurídico al colaborar para el documento
- La mayoría del alto tribunal entendió que Vidal, actual senador de ERC, incurrió en una falta disciplinaria muy grave
El Pleno de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que conforman 37 magistrados más su presidente, Luis María Díez-Picazo, revisará este lunes la sanción de tres años de suspensión que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) impuso en febrero de 2015 al que fue magistrado de la Audiencia de Barcelona Santiago Vidal por participar en la elaboración de una Constitución para Catalunya.
Vidal dijo este domingo que, si el TS le da la razón, pedirá la dimisión del presidente del CGPJ por verse "año y medio apartado de la carrera sin ninguna causa", según declaró en una entrevista de Catalunya Ràdio recogida por Europa Press.
El TS estimó que incumplió el deber básico de fidelidad a la Constitución y al ordenamiento jurídico al colaborar para el documento independentista
La sanción fue impuesta por un órgano de gobierno de jueces muy fracturado -12 votos frente a 9- tras más de ocho horas de discusión al entender la mayoría que Vidal, actual senador de ERC, incurrió en una falta disciplinaria muy grave.
Concretamente, el TS estimó que incumplió el deber básico de fidelidad a la Constitución y al ordenamiento jurídico al colaborar para el documento independentista. La sanción supuso la pérdida de destino del magistrado en la Audiencia de Barcelona.
A favor de la sanción votaron en el Supremo los vocales de la mayoría conservadora y el presidente Carlos Lesmes frente a la oposición de los vocales del denominado "bloque progresista", a los que se sumó el vocal designado a propuesta del PNV Enrique Lucas.
La decisión final fue, no obstante, más moderada que la propuesta de expulsión de la carrera que defendía tanto la Fiscalía como el promotor de la Acción Disciplinaria, Antonio Jesús Fonseca-Herrero.