El soberanismo convoca manifestación el 16 de marzo en Madrid

Entidades y partidos soberanistas han anunciado este jueves una "gran manifestación" el sábado 16 de marzo a las 18 horas en Madrid para protestar contra el juicio del 1-O en el Tribunal Supremo, ya que consideran que es un ataque a los derechos civiles y políticos de los dirigentes independentistas encausados.

En una rueda de prensa conjunta celebrada en el Palau Robert de Barcelona, han anunciado también otras manifestaciones: el martes 12 de febrero por la tarde en las cuatro capitales de provincia catalanas y Tortosa (Tarragona), y el sábado 16 de febrero en la Gran Vía de Barcelona.

Entre los asistentes al acto, ha destacado el primer teniente de alcalde de Barcelona, Jaume Asens; Sergi Sabrià y Marta Vilalta (ERC); Míriam Nogueras (PDeCAT); Toni Morral (Crida); Gemma Geis (JxCat); Carles Riera (CUP); Assumpció Laïlla (Demòcrates) y Joan Josep Nuet (CatComú).

También los expresidentes del Parlament Joan Rigol y Núria de Gispert; el exalcalde de Barcelona Xavier Trias; la presidenta de la ANC, Elisenda Paluzie; el vicepresidente de Òmnium, Marcel Mauri; Meritxell Lluís (Associació Catalana pels Drets Civils); la periodista Pilar Rahola y el productor Josep Maria Mainat, entre otros.

Más allá de las manifestaciones, también han pedido que el 12 de febrero los trabajadores se concentren a las 12 horas y durante 10 minutos frente a los centros de trabajo, y que el jueves 21 de febrero se sumen a la huelga general convocada por el sindicato Intersindicial-CSC.

MADRID

Los encargados de presentar las movilizaciones han sido David Fernández, Martí Anglada, Anna Sallés y Estel Solé, y preguntados por los detalles de la marcha en la capital de España, han dicho que solo pueden avanzar que esperan contar con el apoyo del "Madrid solidario".

No han aclarado si cuentan con el respaldo de formaciones estatales que han mostrado sensibilidad con el derecho a decidir como Podemos y IU, pero Fernández ha reivindicado que en el pasado la izquierda madrileña ya ha mostrado "mucha receptividad" con estas iniciativas.

UNIDAD

Según Fernández, la rueda de prensa de este jueves para anunciar movilizaciones conjuntas es el pistoletazo de salido de un "espacio unitario" a favor de la movilización social, y ha asegurado que no serán las últimas protestas que convoquen.

El mensaje en todas las protestas será que "organizar un referéndum no es delito, que votar no es un delito, que decidir no es un delito y que movilizarse no es un delito", por lo que se acusará al Supremo de estar protagonizando un juicio político sin garantías.

"Por esto hacemos un emplazamiento a salir a las calles. Por esto llamamos a la movilización. Por los derechos civiles, políticos y sociales. Por la autodeterminación. Por el derecho a decidirlo todo", ha concluido Estel Solé.

HUELGA GENERAL Y COMPLICIDADES

Los dos principales sindicatos de Cataluña, UGT y CC.OO. no se han sumado al paro general del día 21 y, preguntados por ello, Fernández ha dicho que respetan la libertad sindicial, pero también apelan "a todos los trabajadores y trabajadoras" de Catalunya a secundar la movilización ese día.

Fernández, exdiputado de la CUP en el Parlament, ha dicho que durante el conjunto de movilizaciones esperan contar con la complicidad de personas de otros puntos del Estado porqué el proceso judicial del Supremo "es un juicio contra el pueblo catalán y contra todos los pueblos del Estado español".

Anglada ha afirmado que este jueves quieren iniciar un nuevo ciclo de movilizaciones que llegue "a todos los ámbitos de la sociedad catalana, desde la economía y el trabajo, hasta los barrios y pueblos", y también agentes políticos, sindicales, sociales y vecinales.

Para reivindicar la transversalidad de sus propuestas, Solé han asegurado que "esta iniciativa no pertenece a ningún partido político, ni a ninguna asociación política, social y sindical, ni tampoco se encuadra en ningún planteamiento partidista que no sea la defensa general de los derechos civiles, políticos y sociales".

Sallés ha manifestado que es un de los juicios más importantes en décadas "y probablemente el mayor desde la dictadura franquista" que responde, a su juicio, a una causa general contra los organizadores gubernamentales y de la sociedad civil del referéndum del 1-O.