El PP valenciano demandará a sus cargos condenados por corrupción por dañar la imagen del partido

La presidenta del PP de la Comunidad Valenciana (PPCV), Isabel Bonig, ha anunciado este jueves que el partido va a llevar a cabo una medida hasta ahora "inédita" en la política: presentará una demanda por vía civil para reclamar a todos sus cargos condenados por corrupción con sentencia firme una indemnización por los daños y perjuicios causados a la imagen del partido y sus militantes y simpatizantes.

Pretende que los condenados por corrupción "paguen por el daño que han hecho a la imagen del PP y de sus militantes"

Así lo ha avanzado en una rueda de prensa en la que ha explicado que esta acción está regulada en el artículo 1902 del Código Civil y el dinero que se recaude irá destinado a los fines sociales que se determinen.

El PPCV "va a interponer demandas civiles sobre reclamación por los daños causados al PPCV por los casos de corrupción contra todas aquellas personas condenadas por este tipo de delitos que hayan usado su puesto en el partido o su vinculación con el partido para cometerlos", ha dicho.

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Los servicios jurídicos del partido ya están estudiando demandar al exconsejero Rafael Blasco, en prisión tras ser condenado con sentencia firme por el caso Cooperación. Según ha recalcado Bonig, con esta acción se pretende que, con independencia de las responsabilidades civiles y penales que determine el juez, "dar un paso más" y que los condenados por corrupción "paguen por el daño que han hecho a la imagen del PP y de sus militantes".

Bonig, según ha informado el partido en una nota, ha explicado que los casos de corrupción han dañado la imagen de la Comunidad Valenciana y del PPCV. "El daño causado a la Comunidad sólo se puede reparar con las penas que determinen los tribunales para los procesados y las condenas a devolver el dinero sustraído", ha asegurado.

Y para reparar este daño "vamos interponer demandas de reclamación de daños y perjuicios contra los causantes de este daño, personas que han traicionado la confianza que sus compañeros de partido hemos depositado en ellos y de las que nos avergonzamos todos".

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INVESTIGAN A TODO EL PARTIDO

El juez encargado de la 'Operación Taula' está investigando por supuesta financiación ilegal a todo el PP de la Comunidad Valenciana. En concreto, el PP local, provincial y regional está en el punto de mira por supuesto cobro de comisiones del 3%, informa El País.

La Fiscalía dispone, según fuentes del caso citadas por el mencionado diario, de indicios de blanqueo de capitales en los tres niveles del partido en la Comunidad Valenciana. En concreto, parece que las irregularidades se extendieron en el tiempo y afectaron a toda la formación.

En concreto, se investigan supuestos pagos del 3% al partido por parte de empresas que contrataban con la Administración, pero también de mercantiles que prestaban servicios al partido. Además, la Fiscalía Anticorrupción ha encontrado también sospechosos incrementos del patrimonio de algunos responsables de la dirección del partido. Y también está en el punto de mira la compra de billetes de Lotería por importe de miles de euros.

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¿DONACIONES PARA LAS CAMPAÑAS?

Según ha publicado este jueves El Mundo, están en el punto de mira destacados miembros del equipo municipal de Rita Barberá que habrían aportado 1.000 euros por cabeza para financiar la campaña de las municipales y autonómicas del pasado 24 de mayo.

Mari Carmen García Fuster, detenida el martes y persona de máxima confianza de Barberá, devolvió en metálico las donaciones

Y es que según la información que maneja la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil semanas después de esto la secretaria del grupo, Mari Carmen García Fuster -una de las detenidas el martes y persona de la máxima confianza de Barberá-, devolvió en metálico las donaciones con dinero que presuntamente procedía de la caja 'b' del PP en el Ayuntamiento de Valencia, y cuyo origen se desconoce.

La portavoz del PP del Ayuntamiento de Valencia, María Ángels Ramón-Llin, ha admitido este jueves que los miembros de su Grupo Parlamentario hacían aportaciones de 60 euros al partido cada mes, algo que también sucedía en la estructura provincial a modo de cuota y que ingresaron otros mil euros antes de los últimos comicios locales, recoge El País. No obstante, ha negado que les fueran devueltos en metálico.

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